El portavoz del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo, ha comparecido ante los medios tras el Consejo de Gobierno criticando tanto a la empresa Magrudis como al Ayuntamiento de Sevilla por su gestión del brote de listeriosis.
Bendodo ha lamentado que Magrudis ocultara que continuaba vendiendo dos tipos de chorizos a una gran cadena comercial una vez activada la alerta sanitaria. De igual forma, ha recalcado que el Ayuntamiento de Sevilla «tampoco comunicó» a la Junta de Andalucía la existencia» de estos dos nuevos productos que salieron de la misma planta que la carne mechada contaminada con listeria.
La Junta de Andalucía ha presentado un escrito en la Fiscalía de Sevilla para que se investigue si la empresa de ‘La Mechá’, Magrudis, Magrudis ha cometido un delito contra la sanidad pública. Bendodo se ha mostrado crítico y ha señalado: «El único culpable de todo esto es Magrudis y la Junta va a poner todo lo que tenga a su alcance para que la empresa asuma la responsabilidad».
Sumándose hoy un nuevo afectado, son ahora 197 las personas afectadas por la bacteria. Desde la Junta, también apuntan que se estudiará quitar ciertas competencias sanitarias al Ayuntamiento de Sevilla «para que esto no vuelva a ocurrir».
Respuesta por parte del Consistorio sevillano
El gobierno de la ciudad de Sevilla ha negado «rotundamente las acusaciones del portavoz del gobierno, Elías Bendodo», en relación con la crisis alimentaria por listeria monocytogenes que considera una “absoluta falta de lealtad y responsabilidad institucional”. Según el Ayuntamiento, estas declaraciones «faltan a la verdad y son contrarias al clima de trabajo conjunto, coordinación y transparencia establecido entre los equipos técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía desde que se trasladaron al Laboratorio municipal las primeras muestras de carne mechada de la empresa Magrudis para que se analizara la existencia de la bacteria».
En el orden cronológico que apuntan en el Consistorio, el día 20 de agosto, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía «remitió oficialmente al Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla un oficio firmado por el director general de Salud y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía en la que se da a conocer que es necesario ampliar la prohibición de fabricación, comercialización y venta de una relación de productos de Magrudis». En él se incluyó, además de otros productos, chorizo casero y chorizo ibérico.
El mismo 20 de agosto se recaba una primera lista de distribución por parte de la empresa en la que no aparecen ni la zurrapa de lomo, ni el lomo al pimentón, ni el chorizo según el Consistorio. La empresa Magrudis, el día 21, aporta una nueva lista de distribución que incluye el lomo casero al jerez, el lomo casero al pimentón, el lomo pimiento entero y el chicharrón andaluz. Según unas conversaciones que señala el Ayuntamiento con los inspectores, el empresario niega que haya distribución de chorizo.
El día 28, en el marco del análisis de la documentación recabada por los inspectores durante los últimos días, alegan que se detecta que se han retirado de establecimientos unidades de chorizo de marca Magrudis que contradicen la primera información aportada por la empresa en el sentido de que ya ni fabricaba ni comercializaba estos productos, «información que se compartió ese mismo día con los responsables técnicos de la Junta de Andalucía».
La Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, emite el día 28 de agosto una nueva alerta sanitaria ya completa que hace extensible la declaración a “todos los productos de la marca La Mechá ya que han sido identificados otros productos no notificados anteriormente, en particular chorizo picante, chorizo dulce y morcilla”. Esta alerta se publica el día 29 de agosto.
En consecuencia, el gobierno de la ciudad señala que ha existido «coordinación, transparencia y colaboración por parte del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía y que en ningún caso ha habido ocultación de datos». Por este motivo, el gobierno considera que las declaraciones del portavoz del gobierno andaluz suponen una “falta de lealtad institucional y de responsabilidad”. La responsabilidad de emisión de alertas y definición de los productos a los que alcanza es competencia de la Junta de Andalucía.