Núñez Bolaños estima un recurso que supone una reclamación histórica del Partido Popular, en relación a la gestión socialista de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Así pues, la Intervención General de la Junta tendrá que enviar al juzgado de instrucción número seis de Sevilla los datos de todas las contrataciones que hizo la Faffe desde que se creó hasta que finalizó su actividad.
Junto a ello, el Servicio Andaluz de Empleo tendrá que aportar los expedientes de personal de la personas que trabajaron para la Faffe, así como «los documentos relativos al procedimiento de selección y contratación seguido».
La juez investiga el uso de las tarjetas de esta agencia en las distintas «maniobras contables» que utilizaron para ocultar los gastos que, por un importe de 32.566 euros, efectuó en varios prostíbulos el ex director general técnico de la fundación, Fernando Villén,