En diciembre de 2018, el Gobierno aprobó un anteproyecto para que el término «disminuido» referido a personas con discapacidad desapareciera de la Constitución por ser algo «obsoleto e injusto». Sin embargo, el Servicio Andaluz de Empleo ha ofertado recientemente un puesto de trabajo como «educador de disminuidos» en el municipio de Los Palacios y Villafranca. La oferta de trabajo aún puede consultarse en la propia web del SAE.
El nombre de la oferta es «Maestro de Educación Especial», terminología correcta y que no discrimina a ningún colectivo. Sin embargo, en la descripción se detalla que «se oferta un puesto de educador de disminuidos».
Pese a que el término ya ha quedado caduco para la sociedad, no fue hasta el año pasado cuando se propuso eliminarlo de la Carta Magna y reformar íntegramente el artículo 49 desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido. De esta forma, en la Constitución ahora se habla de «personas con discapacidad».
Otro de los términos que aparece en el vocabulario más actual es el de «diversidad funcional». Por el contrario, el propio CERNI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), creó un documento que recoge las normas de estilo de la organización. En la citada guía se recomienda utilizar el término «personas con discapacidad» evitando el de «personas con diversidad funcional». Una de las razones del porqué de esta recomendación es debido a que “la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y de su movimiento social rechaza la utilización de la expresión ‘diversidad funcional’ por no sentirse identificadas con un léxico sin legitimidad ni respaldo social amplio”. También señalan que “no describe la realidad sino que resulta confuso e incluso en ocasiones pretende ocultar esa realidad, atacando el enfoque inclusivo y de defensa de derechos”.