Un informe de sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico revela que el 65,3% de los sevillanos abona el importe de las sanciones impuestas por la Dirección General de Tráfico en el periodo voluntario; es decir, en el plazo de 20 días naturales desde que la denuncia es notificada, periodo en el que el importe de la sanción se reduce en un 50%.
El informe, que analiza el procedimiento de pago de los últimos ejercicios cerrados, 2015, 2016 y 2017, muestra que en 2015 fueron un 66,55% (175.368) las sanciones abonadas en periodo voluntario; un 64,74% (141.641) en 2016 y un 64,71% (141.351) en 2017.
Entre 2015 y 2017 los ingresos por sanciones en la provincia ascendieron a 45.879.706,37 euros (hasta octubre de 2017), de las que 355.370 euros correspondieron a sanciones por exceso de velocidad captada con radares fijos.
Por otro lado, cada anualidad se cierra con sanciones no abonadas cuyos procedimientos pasan a ejercicios posteriores. Se trata de deudas en tramitación, en su mayor parte en vía ejecutiva, contando con que los ciudadanos disponen de la posibilidad de presentar alegaciones y recursos a los expedientes sancionadores tramitados por la DGT.
La provincia de Sevilla cuenta con dos de los 50 radares fijos que menos se respetan en España, concretamente en el punto kilométrico 29,100 de la A-92, que en 2017 generó 15.745 denuncias, y en el punto kilométrico 484,200 de la A-4, con 8.795 denuncias en el mismo periodo.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Sánchez Toscano, ha asegurado que el cumplimiento de las normas de tráfico y de los límites de velocidad “son la base imprescindible para lograr una reducción de las infracciones y, como consecuencia de ello, de las correspondientes sanciones”.