Martagón y otros dos acusados serán juzgados el lunes por una estafa de 600.500 euros a una treintena de personas que realizaron una inversión y a las que se les prometía una rentabilidad del 20 por ciento.
Desde hoy lunes y hasta mañana, el exfutbolista y actual delegado del Sevilla Fútbol Club, Juan Martagón, será juzgado por la Audicencia Provincial de Sevilla por estafar supuestamente 600.500 euros a una treintena de personas que esperaban recibir con dicha inversión una rentabilidad del 20 por ciento.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado en total seis años de cárcel y 9.000 euros de multa tanto para Martagón, como para los otros dos acusados, Adrián Ruiz Moreno y Juan Torres Caballero. Además, los tres acusados deberán indemnizar a las víctimas con la cantidad supuestamente defraudada.
En 2005, Ruiz Moreno y Torres Caballero crearon junto a otro socio, Joaquín Torres Pujol, contra quien se sigue un procedimiento independiente, una sociedad bajo el nombre ‘Consultoría de Estudios Hipotecarios S.L’ cuyo objeto social era la intermediación financiera para conseguir préstamos y créditos hipotecarios. A esta sociedad se unió unos meses después de su creación Martagón. Durante los tres siguientes años, los cuatro socios fueron captando inversores, también solicitaban a los clientes por los que intermediaban para pedir créditos que pidieran más dinero del necesario para invertir esa cantidad que solicitaban de más en la sociedad con el compromiso de que el cliente obtendría la ya mencionada remuneración del 20 por ciento.
«Las entregas, que siempre se hacían en metálico por los clientes, eran utilizadas por los acusados en su propio beneficio o se invirtieron en negocios de alto riesgo», asevera el Ministerio Fiscal, que precisa que, «en ocasiones», los investigados «utilizaban la condición de ex jugador del Sevilla FC de Juan Martagón para dar mayor credibilidad o apariencia de seriedad al negocio».
Durante estos años utilizaban el dinero de los nuevos inversores para abonar la remuneración a los antiguos, algo que siempre se hacía en mano y sabiendo que en caso de que todos los inversores reclamasen su rentabilidad no podrían hacerlo ya que no dispondrían de dicha cantidad de dinero. Ya en el año 2008 los acusados dejaron de devolver el capital invertido por los clientes, sumando dicha cantidad a sus patrimonios personales apropiándose finalmente de un total de 600.500 euros aportados por una treintena de personas.