La sentencia se podría resolver gracias a un plan de choque consistente en reforzar con magistrados y letrados de apoyo para agilizar la tramitación de asuntos pendientes.
La Sala del Tribunal Supremo (TS) podría resolver el próximo otoño el recurso presentado por Patrimonio del Estado contra las determinaciones urbanísticas que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) otorga al Estado en la zona de Los Gordales, lugar donde se prevé que se construya la Ciudad de la Justicia.
La sentencia se dictará en otoño gracias a un plan de choque –denominado plan de actualización- que consiste en reforzar la Sala Tercera con 19 magistrados y 10 letras que colaborarán con los titulares, decisión que permitirá agilizar la tramitación de los asuntos pendientes.
Sobre el estado de las infraestructuras judiciales en la capital hispalense se ha pronunciado el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Dívar, quien ha afirmado conocer “muchos” de los problemas que tienen las sedes judiciales de Sevilla, es decir, “problemas de medios, de edificios, de planta y de necesidades de los jueces”.
Concretamente, Dívar ha señalado “graves” dificultades como “el cúmulo de asuntos y la escasa planta judicial” que existe “para poder resolver adecuadamente los asuntos”. De hecho, ha querido resaltar que la Justicia en toda España “lleva décadas de retraso, con una situación en la que se producen déficits”, problema que al final “repercute en el juez, que no puede hacer más que el trabajo que humanamente le es posible”, ha manifestado el presidente del TS.
En referencia concreta a Sevilla, ha señalado que los jueces de la capital hispalense ponen 2.000 sentencias y los juzgados unos 7.000 asuntos, por lo que considera imposible “hacer frente a una situación con total corrección jurídica en esta situación”, volumen de trabajo que se une a las condiciones precarias en cuanto a infraestructuras y medios tecnológicos.