Mercedes Alaya, que investiga la presunta “trama” irregular de prejubilaciones en el Gobierno andaluz, requiere también información de su familia.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado a la Policía Judicial que investigue el patrimonio del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, así como el de su esposa, sus padres, sus hijos y el de todos los imputados en la “trama” de prejubilaciones irregulares descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por el Gobierno autonómico.
De esta forma, la juez Alaya solicita que se investigue el patrimonio, además de Fernández, del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas; del ex director de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero; y del sindicalista Juan Lanzas, según se recoge en el auto notificado hoy a las partes personas en el procedimiento.
Según la juez, Fernández “ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado”, por lo que estima es “indiciario conocedor según Guerrero de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que éste hacía en las pólizas de los ERE de personas que nunca habían trabajado en la empresa”.
Asimismo, Alaya entiende que el ex consejero de Empleo “era conocedor de los importantes reparos que la Intervención General realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación de explotación, procedimiento que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros».
Por su parte, a Guerrero le imputa «haber autorizado el pago por la Junta de las primas de las pólizas derivadas de los ERE de empresas en crisis, a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado en las mismas», así como «haber autorizado dicho pago en muchas ocasiones prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento administrativo», y «por haber sido la persona que, en muchos casos, ha ordenado por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE la inclusión en tales pólizas de dichos falsos trabajadores».
En cuanto a Antonio Rivas, dice que “ha autorizado un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores, entre los que destaca especialmente el ERE de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003, no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente, pese a que, siendo la causa alegada en el primero una sobredimensión de la plantilla y que el coste de personal era el 64 por ciento de la cuenta de explotación de la empresa, a 2007 se había contratado el mismo número de trabajadores que en el primer expediente habían sido despedidos».
Por último, la juez también imputa a Lanzas por «su presunta intervención como mediador o conseguidor en diferentes ERE en los que se han detectado ilegalidades», destacando los de Mercasevilla, Hitemasa o Río Grande; «ser beneficiario de una póliza de renta colectiva del ERE de Hitemasa a pesar de no haber trabajado nunca en la misma»; por «su intento de inclusión de él mismo en la póliza que garantizaba el ERE de 2007 de Mercasevilla con iguales fines»; por su participación en la inclusión de su esposa en el ERE de Hitemasa, o por la inclusión de su cuñada en la póliza relativa al ERE de Comercial Alimentaria Dhull. También le imputa «la presunta apropiación de las cantidades abonadas a la intrusa Carmen Fontela en virtud de la póliza relativa al ERE de Río Grande».
La juez informa en su auto de la imputación de hasta 29 personas.