El Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado el informe sobre el proyecto de Ordenanzas Fiscales y Reguladoras de Precios Públicos del Ayuntamiento para 2019, tras ser rechazada la enmienda a la totalidad de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), con el apoyo de PP y Cs, y ha criticado la bajada de impuestos «injustificada y sin elementos de progresividad» con el único objetivo de que se aprobaran los presupuestos, a la par que pide un mayor esfuerzo en el cumplimiento y ejecución de lo presupuestado y pone en cuestión las previsiones al alza de ingresos realizadas «para justificar la bajada de ingresos propios».
El informe ha sido aprobado con el voto favorable de sindicatos y asociaciones de vecinos y consumidores y de Participa Sevilla e IU, el rechazo de los empresarios, PP y Cs y la abstención del PSOE. Los socialistas han incluido una de sus enmiendas, en la que se aclara que parte de las inversiones no ejecutadas estaban supeditadas al préstamo formalizado en 2017 y que «pueden ejecutarse durante este año o el siguiente sin condicionar presupuestos posteriores», a la par que llaman la atención sobre que las ordenanzas son fruto del acuerdo político con Cs y PP para que salieran adelante los presupuestos de 2018.
El proyecto de ordenanzas plantea, de forma general, una congelación de tributos y tasas, aunque incluye la bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las familias del cinco por ciento y del uno por ciento del tipo diferenciado para medianas y grandes empresas, así como el descenso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en un 3,25 por ciento. También, recoge crear una bonificación del 95 por ciento del IBI para aquellos propietarios que cedan sus viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa).
Al respecto, el CESS no comparte la bajada del IBI que conllevará una disminución de la recaudación de 5,5 millones y que «afecta de manera desigual a la población, siendo más beneficiado quien tenga inmuebles de mayor valor catastral». «La población en general apenas notará esta bajada», concluye, indicando que esto ocurre de igual forma con el ICIO.
Respecto a la bonificación del IBI para quien ceda sus viviendas a Emvisesa, valora positivamente la medida para contribuir a la captación de viviendas desocupadas para el alquiler, pero propone que se aplique sólo si el titular es una persona física y no personas jurídicas, como pudieran ser entidades financieras o fondos de inversión, «ya que muchas de las viviendas de dichas entidades han sido adquiridas por un proceso de desahucio».
En este marco, el documento acordado, en el que se llama la atención sobre la «capacidad mermada» del CESS por la «falta de medios y de personal», se señala que la recuperación aún no ha alcanzado a la ciudadanía en general, «y mucho menos a los más desfavorecidos, incrementándose la desigualdad tanto entre las personas como en los barrios», y destaca la importancia de la recaudación de impuestos para atajar esta situación.
«Es necesario que se haga una recaudación suficiente y acorde con las necesidades de la ciudad que permita la redistribución de renta entre
los sectores más desfavorecidos y garantice la prestación de servicios públicos adecuados y suficientes para todos los ciudadanos por igual», sentencia.
Unos 4 millones menos de gasto de inversiones en 2019
Valora que se cumpla el criterio de estabilidad presupuestaria pero critica los «bajos niveles de ejecución» de 2017 en las inversiones, «en los que se llegó sólo al 38,4 por ciento, dejándose de invertir 55,11 millones de euros». Además, lamenta que el avance del presupuesto de
2019 contempla «una reducción en el gasto de inversiones de más de cuatro millones de euros».
«Esta falta de gestión para invertir el presupuesto disponible tiene una grave repercusión ya que imposibilita que se potencie a las empresas sevillanas, a la creación de empleo y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general», recalca. Por ello, solicita a la corporación «un mayor esfuerzo en el cumplimiento y ejecución de lo presupuestado».
En la misma línea, pone en cuestión las previsiones al alza de ingresos, tanto las relativas nuevas altas, regularizaciones y mejoras en la gestión recaudatoria del IBI, ICIO y del impuestos sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), como respecto a incrementos en la participación en los ingresos del Estado (PIE) y de la tributos de la Comunidad (Patrica), pese a que «no hay certeza» de que se produzca, algo que asegura que se hace «para justificar la bajada de ingresos propios».
Deusa, pago a proveedores y recaudación
Según advierte, «no se puede celebrar que se reduzca la deuda viva a costa de privar a la ciudad de las inversiones previstas y tan necesarias en la ciudad», añadiendo que la posible enajenación del edificio de la antigua comisaría de Policía Nacional de la Gavidia «se dedicará a reducir deuda», algo que no ve «prioritario».
Además, señala que la recaudación de los ingresos del Ayuntamiento ha empeorado, en 2016 se dejaron de recaudar 157 millones, mientras que en 2017 fueron 168 millones, según incide, por lo que pide trabajar en mejorar este apartado. Igualmente, ve «preocupante» que a fecha 31 de agosto siga sin cumplirse el promedio de pago a proveedores en el Ayuntamiento, con un «notable impacto» especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Reordenación de la tasa de basura y zona azul
El informe del CESS también recoge la necesidad de realizar campañas informativas sobre los beneficios fiscales o bonificaciones en precios públicos, fundamentalmente las dirigidas a las personas y a los sectores sociales más desfavorecidos, y menciona el compromiso municipal de estudiar la reordenación de la tasa de basuras, para lo que el Consejo pide que se articulen los mecanismos de participación necesarios para abordarlo «a la mayor brevedad posible y adaptar la regulación de esta tasa a las necesidades actuales, así como que se contemple la posible separación de las tasas de basuras y agua».
En la misma línea, sigue recomendando, como se ha hecho en dictámenes anteriores un estudio para que se revise el método de cobro de la zona azul, para que el pago se haga por el tiempo real de estacionamiento.