El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral contra una enfermera del Hospital Virgen Macarena de la capital hispalense por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave en relación con la muerte el día 6 de septiembre de 2016 de un paciente al que, según la Fiscalía, la acusada no habría administrado cloruro potásico de forma adecuada.
En el auto, el magistrado abre juicio oral contra la investigada después de que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la familia de la víctima hayan presentado sus escritos de acusación y, en este sentido, tiene formulada acusación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como responsable civil subsidiario y contra la compañía de seguros de la encausada como responsable civil directo.
En su resolución, el juez requiere a la acusada para que preste una fianza de 225.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, todo ello con el apercibimiento de que, “de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.
Asimismo, también requiere al SAS para que, en concepto de responsable civil subsidiario y para el supuesto de que la acusada no preste la fianza exigida, abone los referidos 225.000 euros para asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa. El juez, además, requiere a la referida compañía de seguros para que abone la misma cantidad con el objetivo de asegurar las responsabilidades civiles que pudieran imponerse, en ambos casos con el apercibimiento del embargo de sus bienes si no hicieran frente a la fianza fijada.
El magistrado declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide para la acusada, por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de enfermera por tiempo de cuatro años, así como que, de forma solidaria junto con la compañía de seguros, indemnice con 180.000 euros a la esposa del fallecido y con 22.000 euros a cada una de sus dos hijas, “siendo responsable civil subsidiario” el Servicio Andaluz de Salud.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que la víctima fue intervenida quirúrgicamente el día 1 de septiembre de 2016 en el Hospital Virgen Macarena, lo que “se llevó a cabo sin incidencias destacables tanto en la intervención como en el postoperatorio”.
Al hilo de ello, el Ministerio Fiscal añade que, el día 6 de septiembre, la investigada, encargada de la administración de medicamentos y cuidados del paciente, “debía suministrarle” pontoprazol y cloruro potásico diluido en suero fisiológico, entre otros medicamentos.
Según asevera el fiscal, la acusada, “conociendo los altos riesgos para la vida que produciría la no administración adecuada del cloruro potásico, tanto en dosis como en velocidad de administración intravenosa y disolución, y con olvido de las más elementales reglas de las praxis de enfermería, no diluyó las ampollas de cloruro potásico en suero fisiológico de forma adecuada”.
A ello se suma, según pone de manifiesto el Ministerio Público, que, cuando se lo administró al paciente vía intravenosa, “lo hizo a una velocidad superior a la estipulada (no más de 10 o 15 segundos), lo que le produjo al paciente una inmediata parada cardiorespiratoria que le causó la muerte pese a los denodados intentos de recuperarle realizados por los facultativos del centro hospitalario”.
La acusación particular, de su lado, solicita para la acusada cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de seis años, así como que indemnice con 302.500 euros a la mujer del fallecido en concepto de daños y perjuicios.