El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía hispalense, Beltrán Pérez, ha presentado este martes sus propuestas fiscales y de incentivos para 2019, que según sus cálculos implicarían una reducción impositiva de unos 28,1 millones de euros en los bolsillos de las familias, autónomos y emprendedores de la ciudad, a compensar con aspectos como la lucha contra el fraude fiscal o nuevamente la reclamación a la Junta de los incrementos comprometidos respecto a la participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma.
En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha presentado este bloque de más de 60 propuestas de reducción fiscal, bonificaciones e incentivos, que parten en buena parte de las 42 medidas propuestas por los populares para este año 2018, para reducir los tributos, tasas y precios públicos del Consistorio hispalense y sus entidades satélite. Se trata, según el propio Beltrán Pérez, de una «gran propuesta fiscal para un futuro de progreso», que se inspira en «las clásicas medidas fiscales del puro PP», para reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes y a la vez recaudar más, bajo la premisa de que un alivio en los bolsillos estimula el consumo y la inversión y tal extremo acaba redundando en mayor tributación.
Este nuevo bloque de propuestas fiscales del PP llega en un momento en el que este año 2018 ya rige una bajada del tres por ciento en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) residenciales fruto del acuerdo previo entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos, y media un acuerdo entre los socialistas y el PP, para que las ordenanzas fiscales de 2019 rebajen otro cinco por ciento más el IBI residencial frente a la segunda reducción del tres por ciento pactada entre el Gobierno local del PSOE y Cs.
En ese sentido, las nuevas propuestas fiscales del PP, recogidas por Europa Press, contemplan que la bajada del IBI residencial para 2019 se amplíe al siete por ciento, al objeto de alcanzar la reducción global del diez por ciento que durante los últimos tiempos han defendido los populares, así como reducir un 14,7 por ciento los tipos diferenciados del IBI para inmuebles no residenciales y los umbrales a partir de los que se aplican tales tipos.
Respecto al IBI, el PP reclama además ampliar del 70 al 90 por ciento la bonificación a inmuebles afectos a actividades de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y bonificar en un 25 por ciento tal impuesto en el caso de inmuebles con actividad económica por parte de autónomos. Igualmente, los populares piden bonificar al 40 por ciento el IBI en el caso de los inmuebles de polígonos constituidos en entidades urbanísticas de conservación.
Además, el PP apuesta por rebajar la tasa de licencia de obras en los edificios protegidos con la catalogación tipo C cuando el proyecto implique un cambio de uso, y reducir al tres por ciento el impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO) después de que el acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE incluyese ya para 2019 una bajada del 3,5 al 3,25 por ciento.
En paralelo, los populares piden ampliar al 95 por ciento la bonificación que media en el ICIO para obras de rehabilitación de edificios protegidos en los niveles A, B y C, incorporando una bonificación del 50 por ciento en dicho impuesto para actuaciones declaradas de interés o de utilidad municipal en inmuebles sujetos a actividades culturales, así como reducir la tasa de licencia de obras en el caso de las actuaciones consideradas menores.
Plusvalías
Entre las propuestas del PP figura además rebajar del 26,8 al 19,9 por ciento el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía y ampliar las bonificaciones de dicho impuesto por transmisiones mortis causa de la vivienda habitual o inmuebles afectos a actividades empresariales.
Igualmente, estas propuestas, no pocas de ellas procedentes del paquete de medidas fiscales promovido por el PP para 2018, incluyen «ayudas a la fiscalidad a autónomos dados de alta durante 2018», ayudas de tipo «cuota cero» por maternidad en el caso de las autónomas y «por enfermedad y accidente» para este colectivo de trabajadores, subvenciones a la fiscalidad para las empresas o autónomos que hayan contratado a parados empadronados en Sevilla durante 2018 y ayudas adicionales y «específicas» a la fiscalidad por la contratación de personas mayores de 45 años.
Del mismo modo, el PP propone «ayudas individuales» a la fiscalidad para el colectivo de comerciantes, recordando que los mismos se verían beneficiados de la reducción del tipo diferenciado del IBI que reclama el PP, una bajada del 50 por ciento en la tasa de ocupación y prestación de servicios para los comerciantes de los mercados de abasto cuando los mismos promuevan obras en sus puestos, y una rebaja del 20 por ciento en tal tasa para los comerciantes menores de 30 años, entre otras medidas para este colectivo.
Respecto a los empresarios hosteleros, el PP aboga por no computar los metros de sus terrazas de veladores en la tasa de recogida de basuras, demandando una rebaja del tres por ciento en la tasa de ocupación de la vía pública por mesas y veladores.
En otro orden de cosas, y entre otros aspectos, el PP apuesta por reducir un 20 por ciento la tasa de recogida de basuras para los inmuebles que tengan empadronada a alguna persona en situación de dependencia o con una situación de discapacidad de al menos el 33 por ciento.
Ahorro de 28 millones
Así, después de que las propuestas fiscales del PP para 2018 implicasen un ahorro general estimado de unos 25,4 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes, el nuevo bloque de más de 60 rebajas fiscales, incentivos y bonificaciones propuesto por el PP para 2019 supondría un alivio de unos 28,1 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes.
Para compensar la caída de ingresos que sufriría el Ayuntamiento en el caso de aplicar estas medidas, el PP apuesta por recabar cinco millones de euros más con medidas de «lucha contra el fraude fiscal», calcula unos 8,6 millones de euros adicionales por las «previsiones de ingresos ajustadas a la recaudación efectiva» de 2017 y, de nuevo, reclamar a la Junta de Andalucía los incrementos comprometidos respecto a la participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma, la conocida como Patrica.
Y es que según recuerdan los populares, la no actualización de tales incrementos por parte de la Junta de Andalucía arroja una deuda de casi 14,5 millones de euros de la Administración andaluza con el Consistorio hispalense.