El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, ha requerido a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi para que comparezca el jueves a las 10.00 horas a través de un «representante» legal de la organización, al ser la misma investigada junto a los miembros de su directiva.
Mientras los principales dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, figuran ya como investigados en las diligencias correspondientes a presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, regida por una tarifa única, fuentes del caso han informado de que la juez instructora ha decidido investigar a la propia asociación como persona jurídica, requiriendo a la misma que comparezca en sede judicial a través de un «representante» legal.
Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
La situación de la asociación
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere «que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración» en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían «fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación».
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, «fotografías de vehículos VTC estacionados» en un lugar donde «se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero» de 2017, así como «fotografías de un conductor de Tussam», entre otros aspectos.
La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve «novelescos» estos atestados policiales al considerar que se basan en meras «elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio».