Izquierda Unida promoverá la creación de un organismo de gestión social de apoyo a las familias que hayan perdido sus viviendas o estén en riesgo de embargo.

El candidato de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, se ha reunido esta tarde con miembros de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) para presentarles la batería de medidas que la federación lleva en su programa electoral para atender la problemática de los impagos de hipotecas y las situaciones crecientes de impagos y embargos que se están generando entre las familias trabajadoras.

Como premisa inicial, Izquierda Unida llevará en su programa el apoyo a la paralización inmediata de los embargos hipotecarios de la vivienda habitual, por parte de aquellas entidades bancarias que previamente hayan recibido o solicitado financiación pública a través del FROB. Para Torrijos, “no es de recibo que con el dinero público de los ciudadanos se haya rescatado a unas entidades, que ahora agradecen este apoyo restringiendo el crédito al máximo y ejecutando medidas que están dejando a muchas familias españolas, andaluzas y sevillanas en la calle”.

En este sentido, IU incluye una primera medida para el ámbito municipal, que apuesta por la creación de un organismo de gestión social de apoyo a las familias para atender a las necesidades de las familias que hayan perdido su vivienda o estén en riesgo de embargo. Este dispositivo ha de tener un adecuado régimen de participación y cooperación por parte de las asociaciones ciudadanas y de consumidores, con el fin de crear una gran alianza social que defienda los intereses colectivos de la ciudadanía frente a las entidades financieras.

La segunda gran medida impulsada por Izquierda Unida es la ampliación del Parque Social de viviendas, con una modificación de los actuales criterios de adjudicación que permitiría cubrir los casos de personas con un nivel bajo de ingresos que, tras perder su empleo, son desahuciados por el banco de su vivienda por no poder afrontar el pago mensual de la hipoteca. De esta forma, se incluirá un nuevo cupo con el que cubrir a las personas que cumplan tres criterios: no tener ingresos superiores al IPREM, estar en situación de desempleo y ser desahuciado por el impago de esta hipoteca. Se mantendrían vigentes, a su vez, los actuales requisitos, por lo que seguirían optando a un piso los mayores de 65 años con escasos recursos, los casos de emergencia social y los de realojo temporal urgente a causa de una obra debida al mantenimiento del deber de conservación del inmueble.

Este enfoque integral de lucha contra uno de los efectos más perjudiciales de la actual crisis económica cuenta con un punto de gran importancia, por el que Izquierda Unida se compromete a defender en todos los ámbitos que la entrega de la vivienda hipotecada ha de suponer la cancelación inmediata del préstamo concedido.

Asimismo, la propuesta incluye la obligación de mantener la primera tasación de la vivienda en los procesos de ejecución hipotecaria. Para Torrijos, “es sencillamente escandaloso que en los tiempos de la burbuja inmobiliaria se valoraran los inmuebles por parte de los bancos por encima de su valor real y ahora, que se han depreciado por el fin de la época de bonanza, exijan a los embargados que, además de perder su vivienda, salden una deuda originada por la sobretasación especulativa de la  banca”.

En opinión del alcaldable de IU, “los ciudadanos afectados por esta grave problemática social necesitan información, apoyo y asesoramiento correcto. Por eso, impulsaremos la puesta en marcha de puntos de información, prevención y mediación ante situaciones de insolvencia de las familias endeudadas, aprovechando la estructura de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en colaboración con las propias Asociaciones de Consumidores”.

Por último, Izquierda Unida se compromete a defender en todos los ámbitos la iniciativa legal para incluir como abusiva la “cláusula suelo”, con compromiso de reparación de las pérdidas ocasionadas. Hay que recordar que los bancos y cajas se han embolsado indebidamente en el último año una cifra de entre 3.500 y 7.000 millones de euros, a costa del pago por parte de los consumidores hipotecados de entre 1.000 y 2.000 euros anuales por encima de lo que debieran haber afrontado de no existir este abuso.

www.SevillaActualidad.com

Licenciado en Periodismo y Máster en Sociedad, Administración y Política, puso en marcha el 'Proyecto Deguadaíra', germen de Sevilla Actualidad. Ha pasado por El Correo de Andalucía, Radio Sevilla-Cadena...