La Fiscalía pide para cada encausado 36 años de cárcel por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal, robo con violencia y daños.
Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 21 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla a tres hombres acusados de asesinar a un vecino de la capital hispalense cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el mes de julio de 2016 en el maletero de su propio coche en un descampado próximo a la localidad de Alcalá de Guadaíra, hechos por los que la Fiscalía reclama para cada acusado 36 años de cárcel.
De este modo, la Audiencia Provincial de Sevilla acogerá el día 21 de septiembre la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento, mientras que el día 24 del mismo mes prestarán declaración los tres encausados y varios testigos. Las testificales continuarán el día 25 y, ya el 26 de septiembre, comparecerán los peritos.
La Fiscalía de Sevilla solicita para cada uno de los tres acusados 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato, cinco años de cárcel por un delito de detención ilegal, cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia y otros dos años de cárcel por un delito de daños. Asimismo, pide que indemnicen con 113.000 euros a la esposa del fallecido y con 20.000 euros a cada uno de los dos hijos de la pareja, así como que abonen a los familiares de la víctima 980 euros en concepto de daños por el incendio del vehículo y 28,85 euros por un teléfono no recuperado que sustrajeron a la víctima.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público relata que uno de los acusados regentaba en 2016 un negocio de compraventa y taller de motocicletas ubicado en la capital hispalense, sirviéndose para la gestión de los trámites administrativos de los servicios del finado.
Según expone el fiscal, en los meses de mayo y junio de 2016, este encausado se puso de acuerdo con la víctima para realizar un negocio “del que se derivó” que el fallecido le adeudara una suma de dinero que no ha quedado determinada. De esta forma, y en los últimos días del mes de junio, este investigado requirió “reiteradamente” al fallecido el pago de dicha deuda, pero “como quiera que este no la hacía efectiva, decidió que iba a cobrarla utilizando la violencia”, para lo cual “se concertó” con los otros dos acusados.
El representante del Ministerio Público expone que uno de los acusados citó a la víctima el día 5 de julio de 2016 para que acudiese al local de negocios mencionado, “lo que efectivamente hizo llegando al lugar, sobre las 15,30 horas, conduciendo” un vehículo de su propiedad, tras lo que este investigado condujo al fallecido hasta su domicilio, donde “ya estaban esperando” los otros dos acusados.
La Fiscalía manifiesta que, cuando llegaron a la vivienda, los tres encausados “redujeron” al finado, lo inmovilizaron y le “arrebataron” dos teléfonos móviles “para hacerlos propios, además de una tarjeta de crédito y las llaves del vehículo en el que había llegado a la cita”. Seguidamente, “le hicieron que les dijese el número de pin” de la tarjeta “con el fin de extraer dinero de un cajero próximo y cobrarse la deuda”, dirigiéndose dos de los acusados hasta una sucursal donde “trataron de realizar en el cajero automático dos extracciones de 300 euros cada una, que resultaron infructuosas ya que el código pin que le había proporcionado” la víctima “era incorrecto”.
A continuación, y según indica el Ministerio Público, estos dos acusados regresaron a la vivienda y volvieron a “golpear” al fallecido “hasta que de nuevo les proporcionó el código pin correcto”, dirigiéndose posteriormente a otra sucursal bancaria en la que “intentaron realizar cinco extracciones de 310, 10, 10, y 160 euros, respectivamente, resultando infructuosos de nuevo los intentos ya que aunque el código pin era correcto, la cuenta no tenía fondos”.
La Fiscalía agrega que, de nuevo en el domicilio, los tres acusados “volvieron a golpear fuertemente de manera indiscriminada” a la víctima, a la que tenían amordazada y con los brazos y piernas atados a la silla “y por tanto sin posibilidad alguna de defensa, llegando en una de estas ocasiones a utilizar para golpearle la parte roma de un hacha, causándole entre la violencia de los golpes y la asfixia, causada por la mordaza, la muerte”.
El día 6 de julio, según el Ministerio Público, los acusados “decidieron deshacerse del cadáver”, para lo cual introdujeron el cuerpo en el vehículo del fallecido y lo trasladaron hasta un descampado “recóndito” próximo a Alcalá de Guadaíra, “donde tras rociarlo con el contenido de un bidón de gasolina que previamente habían adquirido, le prendieron fuego, causando la destrucción total del vehículo y lo que era su principal propósito, la quema del cadáver que se encontraba en el maletero del automóvil para impedir o al menos dificultar su identificación”, tras lo que los encausados volvieron a Sevilla.