Cristina Honorato /Participa Sevilla
Cristina Honorato /Participa Sevilla

La edil de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Honorato, ha acusado al gobierno del socialista Juan Espadas de situar a los servicios sociales «al borde del colapso», manifestando que dichos servicios «siguen sin ser una prioridad para el gobierno del PSOE al igual que para los anteriores».

A través de un comunicado, la edil ha manifestado que no es casualidad que «el 40 por ciento del personal municipal de estos servicios se encuentre bajo la figura de interinidad adscritas a programas», pero realmente desempeñen «funciones estructurales de los servicios sociales».

Asimismo, Honorato ha destacado que los continuos cambios de personal y suspensión de programas podrían ser incluso «ilegales» en función de la última normativa de la Junta que apuesta por el profesional de referencia, figura, a su juicio, «clave para una atención continuada e integral en los servicios sociales». Además, Cristina Honorato ha insistido en que esta cifra «no ha cambiado con el gobierno de Espadas», sino que «se sigue acentuando».

Para Participa Sevilla, no solo es «una cuestión de precariedad laboral», sino que también ha destacado «las graves y nefastas consecuencias que esto tiene para garantizar el correcto funcionamiento del ya maltrecho Estado del Bienestar», pues han afirmado que la precariedad laboral y los recortes de personal «también se extienden a los programas de dependencia o a los equipos de tratamiento familiar».

Interinidades

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que se inició en los años 80, se desarrolla de forma «estructural» en los servicios sociales y es parte «fundamental» de los propios servicios sociales. Sin embargo, Honorato señala que, «según la administración municipal, tiene carácter temporal porque su financiación proviene de la Junta y se realiza año tras año tras la aprobación de los presupuestos autonómicos», por lo que la edil ha manifestado que «por esto, un programa con más de tres décadas de antigüedad se considera temporal y trabajadores con diez, 15 o 20 años de antigüedad deben ser despedidos», manifestando que es «totalmente absurdo».

Así las cosas, Honorato ha destacado que el despido de estas 32 personas es «la gota que colma el vaso» para la formación, pues dichos despidos suponen, a su juicio, «un nuevo paso en la política de precariedad y desmantelamiento de los servicios sociales municipales, que ya sufren graves deficiencias de personal».

Además, ha alertado del «grave perjuicio que va a suponer para los servicios sociales, que ya se encuentran al borde del colapso, que se empiece a despedir a todas las personas que lleguen a los tres años en cualquier programa, aunque este se prolongue en el tiempo».

De esta forma, la concejal ha reclamado un cambio que evite «el colapso total de los servicios sociales», así como ha recordado que alternativas y soluciones hay y que, a su juicio, «solo es cuestión de voluntad política para llevarlo a cabo».