La Fiscalía ha abierto una investigación por la denuncia al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, por delitos de malversación de caudales públicos y financiación irregular.
La acusación ha sido presentada por un exportavoz de la formación naranja en Consistorio de Camas, Juan José Jurado, que actualmente es un concejal de libre adscripción. Según informa Diario de Sevilla el edil camero representa a unos 14 concejales no adscritos de la provincia, quienes atribuyen a Millán una serie de «irregularidades en el empleo de fondos públicos, malversando caudales públicos».
El Ministerio público ha sido quien ha abierto las diligencias de investigación y se encargara del estudio el fiscal de la Audiencia Provincial, Luis Martín.
La denuncia, a la que ha tenido acceso el citado periódico, explica que, hace ahora tres años, Cs impuso un protocolo de apertura de cuentas presupuestarias y contables que «no cumplían con el artículo 73.3 de la ley de bases de Régiumen Local ni con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos».
El modus operandis
Se abrían, según la denuncia, dos cuentas en el Banco Popular, una en Madrid y otra en la localidad de residencia. Los ingresos públicos se integran en la cuenta de Madrid y desde esa se transfiere “sólo el 70% de cada ingreso mensual a la cuenta de pagos, acumulándose el 30% de todos los periodos”.
Según la denuncia en los Ayuntamiento de Sevilla, Alcalá de Guadaíra y el grupo naranja en la Diputación de Sevilla se seguía con este procedimiento, «acumulando el 30% de los fondos públicos desde 2015 hasta la actualidad».
Jurado también afirma en la denuncia que Ciudadanos en la Diputación ha llevado a cabo una serie de «irregularidades», como la contratación laboral de un asesor con asignaciones económicas del grupo. “careciendo éste de personalidad jurídica para la contratación de personal y contraviniendo el artículo 73.3 de la ley de bases de Régimen Local, donde se deja claro en su precepto la imposibilidad de contratación de personal”.
Además el denunciante deduce un fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria «en las obligaciones y deducciones de los rendimientos por trabajo en las sucesivas nóminas de la persona contratada en calidad de asesor».
También recoge la denuncia que tras el despido en marzo de 2017 se «invita al asesor a seguir trabajando induciendo a un falso autónomo hasta el 31 de mayo de 2017».