El presidente del Sevilla FC, José Castro/ Sevilla FC

La Fiscalía ha solicitado que se investigue al presidente del Sevilla FC, José Castro, por irregularidades en su gestión a raíz de la denuncia interpuesta por un accionista del club el verano pasado. La defensa de Castro niega que haya en sus actuaciones atisbo de «trascendencia penal».

Según publicó El Independiente, la petición de la Fiscalía llega después de que se abriese una investigación a raíz de la denuncia del abogado Agustín Martínez, propietario de dos acciones de club, por presuntos delitos de corrupción entre particulares, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil. Martínez acusaba a Castro de cobrar una comisión de 43.267 euros de la empresa encargada de instalar los videomarcadores del Sánchez Pizjuán. Una contratación en la que la defensa, han informado agencias, responden que no ven «indicio penal alguno», asegurando no haber recibido notificación por parte de la Fiscalía, y dando por archivada esta parte de la denuncia.

 Por otra parte, en relación a la presunta compra irregular de tres acciones del club que se habrían efectuado tras el fallecimiento de su anterior titular, y la falsificación de la firma del mismo, la defensa de Castro señala que creen que la Fiscalía ha solicitado una «ampliación de información para confirmar las alegaciones» del presidente del club sobre la «corrección de la transmisión de las acciones». Las fuentes sí reconocen que desde la Fiscalía podría haberse decidido «abrir diligencias para continuar las investigaciones sobre la naturaleza y funcionamiento» de la cuenta de representación del presidente en el club, «cuya trascendencia penal es inexistente» ya que «eran movimientos que se contabilizaban históricamente y que contaban con la aquiescencia del club», sosteniendo que la cuenta ya era utilizada por otros presidentes.

Martínez denunció en su escrito el empleo de esta cuenta de representación por Castro para diversos conceptos, adoptando una deuda que superaría los 300.000 euros, lo que Castro negó al declarar en verano que «la documentación que ha manejado es de febrero, y ahora mi deuda es cero».