Recientemente el Gobierno de España presentó el borrador para el Informe de Autoevaluación sobre el Plan de Acción de medidas de Gobierno Abierto, comprometido con la Open Government Partnership (OGP), pero vayamos por partes …
Se ha venido a denominar como “Gobierno Abierto” (Open Government en inglés) a una corriente política que aboga por la apertura a la ciudadanía del Gobierno y las Administraciones Públicas haciéndolas más transparentes, fomentando la participación de los ciudadanos en la definición de políticas públicas y la toma de decisiones, y elaborando un marco de colaboración con todas las organizaciones de la sociedad civil. Mediante la aplicación de estos principios se pretende una mejora de la democracia. El término se populariza significativamente tras el Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto de Barack Obama en 2009, y en 2011 surge la Open Government Partnership (OGP) a iniciativa de un grupo de países, para constituir una plataforma que ayude, comprometa y evalúe los avances de aquellos gobiernos interesados en aplicar políticas de Gobierno Abierto.
A día de hoy 60 países han comprometido un Plan de Acción con la OGP, entre ellos España con un total de trece compromisos. Sinceramente, la mayor parte de los compromisos o no tienen nada que ver con el Gobierno Abierto –hacer más liviano tramitar de las ayudas de la PAC, facilitar la creación de empresas, simplificar los procedimientos de evaluación ambiental, agilizar los trámites con la seguridad social por vías electrónicas, etc.–, o no satisfacen estándares y expectativas –entender por participación ciudadana que podamos hacer denuncias a la policía por Twitter, y por transparencia una ley que nos dejaría en el puesto 75 de 96 en el ranking de leyes de transparencia del Global RTI Rating–. Lamentable.
Sobre ese deficiente plan, nos encontramos ahora con el borrador del Informe de Autoevaluación que el Gobierno de España pretende entregar a la OGP: seis compromisos son marcados como cumplimiento total, y otros siete parcial. Centraré mis comentarios sólo en los compromisos que tienen algo que ver con el Gobierno Abierto: pues del resto dudo que merezca la pena el esfuerzo. Lamentable.
Se da por cubierto el compromiso de aprobar una Ley de Transparencia. Si bien el texto recoge significativos avances –como que figuren la Casa Real o partidos y sindicatos obligados a hacer transparencia activa–, se esfuman las esperanzas de contar con un derecho de acceso a la información efectivo (y un organismo verdaderamente independiente que vele por la correcta aplicación de la ley (su presidente es designado por el Ministerio de . Declaran dejar cubierto el compromiso de hacer más transparente la concesión y gestión de ayudas al desarrollo dado que se ha publicado un sistema electrónico de consulta e información. Curioso: pide usuario/contraseña y ni siquiera figura cómo solicitar una cuenta de acceso. Sobre la rendición de cuentas presupuestarias, se afirma dentro del compromiso sobre la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria que han publicado en el BOE un informe de Auditoría de Cuentas anuales sobre las entidades públicas … seguramente sea yo: ¡pero no lo encuentro por ninguna parte! Por último, la participación ciudadana en redes sociales queda como compromiso cubierto parcialmente, destacan los perfiles en internet de la Policía y la DGT y las campañas de colaboración o sensibilización que estos proponen..
Desde la doctrina del Gobierno Abierto, se promueve como prácticas de participación aquellas que permitan al ciudadano tomar partido en la elaboración y toma de decisiones en las políticas públicas. Las prácticas que ha presentado nuestro gobierno serían, en todo caso, de colaboración ciudadana. Así pues, a mi juicio, este compromiso no quedaría ni siquiera cubierto parcialmente.
Como ciudadanos, no deberíamos desaprovechar la oportunidad de hacer ver a nuestro Gobierno que los compromisos con la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana nos importan. España se ha comprometido, y un ente internacional como la OGP debería servir para asegurar su cumplimiento. Si algo podemos hacer los ciudadanos es enviar comentarios a nuestro Gobierno sobre dicho borrador del informe. Nos dan hasta el 21 de Octubre de plazo. Además, el 23 de Octubre se celebra una reunión en Madrid donde se invita a la investigadores, funcionarios y ciudadanía a debatir sobre este asunto para elaborar un informe independiente. Allí estaré.