Inmigración, sinónimo de precariedad laboral

Inestabilidad, bajos salarios o temporalidad son conceptos que parecen irremediablemente ligados a nuestro mercado laboral desde el comienzo, allá en 2007, de la aún vigente crisis económica mundial. El crack estadounidense de las hipotecas subprime en el verano de ese año supuso un auténtico maremoto global que afectó en los siguientes lustros a los niveles de empleo de muchas economías del primer mundo, incluida la española. Poco más se puede añadir a la ingente cantidad de información que se ha generado al respecto. Sobre todo,  aquella centrada en explicar los niveles de estrés social que ha supuesto el aumento desmesurado de los niveles de paro, que en Andalucía se sitúan actualmente en el 25,24%, según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del presente año. Pero, ¿cómo ha sufrido esta situación el colectivo de personas extranjeras en nuestra provincia? Si han pensado que en mayor medida que el resto de residentes de nacionalidad española, han acertado de pleno. Al menos eso plantea un reciente informe elaborado por CCOO en Sevilla, en el que se denuncia la situación de “precariedad extrema” que sufren los trabajadores y trabajadoras extranjeros en la provincia de Sevilla. Entre los datos más destacados del mencionado informe destaca la tasa de paro que soporta este colectivo y que ascendía, a finales del pasado año, al 32,1%, cinco puntos porcentuales por encima del 27,08% registrado como media general en la provincia sevillana. Para ahondar un poco más en esta situación de vulnerabilidad, apuntamos otro dato: solo el 6,8% de los contratos que se realizaron a extranjeros en Sevilla el pasado año fueron indefinidos, “el porcentaje más bajo de la década”, según el sindicato.

Evolución negativa

Para valorar la situación laboral del colectivo de personas extranjeras en la provincia, recurrimos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y más concretamente a su Síntesis del Mercado de Trabajo 2016 . Este informe de carácter anual refleja a las claras la degradación producida en los niveles de empleo de este colectivo entre el año 2006 (último previo al inicio de la crisis) y la actualidad. Mientras que aquel año existían en la provincia un total de 1.911 extranjeros en situación de desempleo y 2.742 demandantes registrados, a finales de 2016 el número de personas sin ocupación ha aumentado hasta los 7.797 (tercera provincia con la cifra más alta, solo por detrás de Málaga y Almería), quedando la cifra de solicitantes de empleo en un total de 9.577 personas. Es decir, la cifra de desempleados en este grupo social se ha multiplicado por cuatro en los últimos once años. Una de las razones que pueden explicar este gran incremento en la pérdida de empleos podría residir en otro de los datos aportados por CCOO-Sevilla: la tipología de los trabajos realizados por este colectivo. Según los datos de alta en la Seguridad Social extraídos del informe de CCOO en Andalucía, la agricultura y la pesca son los sectores donde más población extranjera está dada de alta: 6.831 personas. Le siguen el comercio y la reparación de vehículos (4.536 personas), el hogar (4.019 personas) y la hostelería (3.185 personas). Una consecuencia directa, tal vez, del nivel formativo de las personas extranjeras firmantes de un contrato durante 2016, que en su mayoría (20.130) no podían acreditar ningún tipo de estudios o solo estudios primarios (7.712). Por el contrario, solo 21 personas extranjeras están dadas de alta en industrias extractivas, 75 en actividades financieras y seguros, 131 en actividades inmobiliarias y 159 en administración pública y defensa. La temporalidad propia de este tipo de trabajos origina además otra traba importante al colectivo de personas extranjeras empadronadas en la provincia. Nos referimos, concretamente, al grado de cobertura social a través de subsidios una vez que han perdido su trabajo. La agricultura o la hostelería, por poner solo dos ejemplos, son sectores sujetos a altos grados de estacionalidad, y a la oferta, por tanto, de contratos temporales desarrollados durante pocos meses al año. Este hecho genera entre sus trabajadores una dificultad añadida a la hora de reunir los meses necesarios para acceder a este tipo de ayudas económicas. De hecho, Andalucía se sitúa (con un 4,91% del total nacional) entre las cinco comunidades autónomas españolas con menor volumen de beneficiarios de prestaciones a extranjeros. Y Sevilla, con un 1,99% se ubica junto a Córdoba (1,43%), Jaén (1,53%) y Badajoz (1,68%) entre las cuatro provincias con menos volumen de ayudas en este apartado, según los datos aportados por el SEPE.

La doble discriminación

Lo apunta el Informe Bienal Andalucía e Inmigración 2014-15, elaborado por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM): “En este análisis del mercado laboral es fundamental la adopción de una perspectiva de género, que permita el estudio diferenciado tanto de las tasas de actividad, empleo y desempleo entre hombres y mujeres extranjeras, y en comparación con las y los nacionales de su mismo sexo”. Según el OPAM, las mujeres extranjeras disfrutan de peores condiciones de trabajo, mayor precariedad en las contrataciones, mayor temporalidad y más baja remuneración. Una situación que les lleva además a sufrir una “segregación laboral vertical evidenciada por la bajísima ocupación de mujeres migradas en puestos ejecutivos y de dirección”. En este sentido, las mujeres extranjeras siempre han tenido tasas de actividad inferiores a las del colectivo de hombres (10 puntos porcentuales menos de media). Salvo, y esto parece paradójico, en los periodos de crisis, en los que las mujeres incrementan su presencia en el mercado de trabajo en búsqueda de un empleo (de peores condiciones que en época de bonanza) que contribuya a la mejora de la economía familiar. O simplemente se incorporan a la economía sumergida, si tenemos presente que solo el 35% de los nuevos contratos realizados a extranjeros son firmados por mujeres. Con todo, la salud laboral de los extranjeros y las extranjeras en la provincia parece repetir errores del pasado. O al menos eso asegura Sergio Santos, secretario de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, al afirmar que existe “un uso fraudulento de la mano de obra extranjera por parte de la patronal para aumentar sus beneficios a costa de los derechos laborales y sociales de estas personas y, en muchas ocasiones, de fraude a la Seguridad Social”. Es cierto que el nivel de desempleo entre el colectivo de trabajadores foráneos experimenta en los últimos tiempos una reducción moderada, pero, ¿lo hace con criterios de justicia social? Ahí reside la clave.