La Junta de Andalucía atiende en la actualidad a más de 31.900 personas de la provincia que se benefician de más de 43.800 prestaciones.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ha reactivado el sistema de atención a la Dependencia con la incorporación de 30.000 personas beneficiarias en los últimos 18 meses al sistema de atención a la dependencia, lo que ha supuesto el reconocimiento en este periodo de tiempo más de 47.000 nuevas prestaciones. De esta cifra de personas beneficiarias, 6.657 pertenecen a la provincia de Sevilla, a los que les han sido aprobadas algo más de 9.000 prestaciones.
Desde el año 2007, la Junta ha atendido a cerca de 300.000 personas y ha concedido más de 400.000 prestaciones. Por otra parte, a 30 de junio, en Andalucía hay 163.100 personas beneficiarias (22% del total nacional) y 219.100 prestaciones (23% del total nacional), lo que significa que cerca de 1 de cada 4 prestaciones concedidas en toda España corresponden a Andalucía.
En lo que respecta a la provincia de Sevilla, en la actualidad hay más de 31.900 personas en situación de dependencia, que se benefician de más de 43.800 prestaciones, principalmente de servicios de proximidad como ayuda a domicilio (cerca de 10.000), teleasistencia (más de 11.100) o atención residencial (más de 4.200).
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, reiteró el pasado miércoles en el Parlamento el compromiso del Gobierno andaluz de seguir avanzando en el sistema de atención a la dependencia como parte fundamental del estado del bienestar a pesar de que “cada año contamos con menos apoyo del Gobierno central”.
Sánchez Rubio destacó la capacidad de respuesta, la agilidad y la eficacia del sistema andaluz, que se ha convertido en modelo de innovación y de buenas prácticas frente a las actuaciones de otras Comunidades Autónomas. Así, resaltó que Andalucía recibe casi el 24% de todas las solicitudes presentadas en España y un 4,3% de la población andaluza ha solicitado ser evaluada.
En este sentido, la consejera aclaró que muchas de las personas beneficiarias disfrutan de hasta tres prestaciones porque en Andalucía es compatible la ayuda a domicilio, por ejemplo, con la unidad de estancia diurna y con la teleasistencia. Esta compatibilidad es posible gracias al esfuerzo presupuestario de la Junta, que pretende de este modo facilitar a la persona dependiente la máxima autonomía en su medio habitual porque “redunda muy positivamente en su calidad de vida”.
Sánchez Rubio recordó que la Junta destina casi el mismo presupuesto a dependencia que el Gobierno a todo el país; así en 2014 dedicó 1.131 millones de euros para la atención a la dependencia mientras que el Gobierno destinó a toda España 1.200 millones. En conjunto, desde la entrada en vigor de la ley hace 8 años, la Junta ha invertido cerca de 8.000 millones de euros, lo que supone 3 millones diarios.
Pacto por la dependencia
En esta línea, la Junta de Andalucía está impulsando un pacto por la dependencia en colaboración con profesionales y entidades del sector para que se garantice la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación por parte de las Administraciones Públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Así, el pasado jueves 30 de julio, la consejera de Igualdad y Bienestar Social participó en Granada en el encuentro ‘Andalucía Pacta por la Dependencia’ que contó con la presencia de más de un centenar de entidades y profesionales. Durante el acto, Sánchez Rubio destacó el “compromiso de todos y todas las presentes y del Gobierno de la Junta de Andalucía en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una Ley que desempeña un papel de gran relevancia por ir dirigido a un colectivo que precisa de hacer cumplir un derecho subjetivo reconocido”.
Así, recordó que el Gobierno andaluz reclamará en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia un Pacto Estatal para la Dependencia, que sea objeto de debate en el Congreso de los Diputados y cuyas líneas básicas blinden los derechos reconocidos, impulse y modifique el sistema de financiación y garantice el cumplimiento del compromiso de financiación a partes iguales entre el Estado de la Nación (50%) y las comunidades autónomas (50%). En la actualidad, Andalucía financia más de un 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22.
Para Sánchez Rubio, “este Pacto debe apoyar y proteger a las personas cuidadoras, que proponga medidas que favorezcan su cotización a la Seguridad Social y mantenga la excepcionalidad de las Prestaciones Económicas para cuidados en el entorno familiar. Un Pacto que apueste por los servicios y la empleabilidad y que garantice una gestión pública y directa tanto en las valoraciones como en el seguimiento, inspección de los servicios y las prestaciones, etc.”.