La formación denuncia “el alejamiento de la justicia para millón y medio de sevillanos” con el Anteproyecto de la Ley de Planta.

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, tras la reunión que ha mantenido con la Plataforma SOS Justicia, ha denunciado “el posible cierre de los Partidos judiciales” y el consecuente “alejamiento de la justicia para millón y medio sevillanos” si se ejecutan los principios de la Reforma Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto fue presentado en el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril.

Otra medida del Gobierno central, “como la suspensión de los Registros Civiles”, cuyo rechazo será llevado este jueves al Parlamento por el PSOE, “que ahora pretende eliminar la cercanía de los Partidos Judiciales” en toda la provincia, con sus correspondientes Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los Registros Civiles, así como los Juzgados de Paz, que se encuentren alejados de la capital. Todo ello con un criterio que por el momento se desconoce y que “redundaría en la carga de trabajo de las sedes de Sevilla capital”.

Por ese motivo, desde el PSOE se va a presentar, de manera coordinada con las asociaciones presentes en esta plataforma, mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación que signifiquen “el rechazo a ese nuevo alejamiento de los ciudadanos y ciudadanas de la justicia, un alejamiento al que el PSOE se va a oponer frontalmente, para defender lo que pensamos que debe ser la este poder democrático: una justicia presente, cercana y accesible”.

Para el PSOE, esta nueva ley sólo supone “otro recorte más”, como lo fue la Ley de Tasas o como la suspensión de los Registros Civiles, que se suman a los que los ciudadanos están padeciendo en educación o salud, “y que resulta justo lo contrario del modelo que actualmente se desarrolla en Europa, que es el modelo de proximidad, de cercanía al ciudadano”.

Según Juan Caravalho, portavoz de la Asociación de Abogados Independientes, “se pone en entredicho un derecho democrático. Ahora los ciudadanos tendrán que recurrir a la contratación de servicios externos si quieren ahorrarse centenares de kilómetros para poner una denuncia”, de la misma manera que peligran “centenares de puestos de trabajo, directos e indirectos” de los funcionarios, por lo que pide que las localidades “se posicionen” contra la posible pérdida de un “derecho básico antes de que se tramite la Ley. Vemos que van a exigir a las administraciones autonómicas que decida la eliminación de una serie de instalaciones sin ofrecer alternativas, y que llegará el día que ciudadanos vayan a poner una denuncia y se encuentren el juzgado cerrado. Es una marcha atrás en derechos con un coste que no todo el mundo va a poder asumir”.

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