Según informó ayer el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) en un comunicado, la marcha parte a las 11,00 horas de mañana desde el parque de bomberos del puente de San Bernardo hasta la sede de la Diputación de Sevilla, recorriendo las calles Juan Mata Carriazo, Avenida Carlos V y Menéndez y Pelayo, para llegar sobre las 12:30 horas al Pleno de la institución.
Una vez allí, representantes del SPB presentarán al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y a los grupos políticos, mediante registro, un acuerdo marco donde se recogen «tres principios básicos de la profesión de bomberos: la carrera profesional, la organización operativa y la organización laboral».
Fuentes del sindicato de bomberos señalaron que la marcha es una iniciativa surgida porque «no se está cumpliendo la ley, ya que en la Diputación consideran que bombero puede ser cualquiera al que se le pague un sobresueldo de 300 euros», hecho que consideraron «una falta de respeto a la profesión».
En una asamblea celebrada el pasado 3 de septiembre, el SPB acordó la organización de una campaña destinada a convencer a la Diputación de que promueva la «desaparición» paulatina de la figura del bombero «a tiempo parcial», reclamando así la profesionalización de todos los efectivos incluidos en esta red.
El secretario general del SPB de Sevilla, Juan Carlos Bernabé, informó entonces a Europa Press de que la asamblea estuvo centrada en el mapa de parques de bomberos coordinados por el Sepeis, donde según la organización sindical, sólo «30 bomberos» profesionales figuran en la plantilla de la Diputación y el resto serían profesionales adscritos a los ayuntamientos o «trabajadores a tiempo parcial», que «sacan un sobresueldo en su tiempo libre» ejerciendo como bomberos voluntarios.
El PP advirtió que 15 parques de bomberos gestionados por consistorios funcionan únicamente con bomberos «voluntarios» o «a tiempo parcial» formada por gente que «en sus ratos libres» obtiene «un sobresueldo». Una falta de respeto hacia esta profesión, así como un obstáculo a la creación de puestos de trabajo relacionados con la seguridad en materia de salvamento y extinción de incendios, según indicaron los populares.