Estos retrasos han causado ya el cierre de muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, y nadie se atreve a contratar nuevos empleados. La patronal sevillana de la construcción y la promoción inmobiliaria, Gaesco, no aguanta más el alto nivel de deuda que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos tienen con las empresas constructoras, que ya alcanza en Sevilla la cifra de 325 millones de euros, y que «en algunos casos se remontan, según su gerente, Manuel Sillero, a certificaciones emitidas en pesetas».
Según Gaesco, el nivel de deuda contraído por la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y su provincia ha alcanzado cotas insoportables para las constructoras sevillanas, hasta el extremo de que Gaesco ha pedido a través de su gerente, Manuel Sillero, «que se depuren responsabilidades entre los responsables de estos atrasos, que en numerosos casos se están saldando con el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas locales, lo que, además, está provocando más destrucción de empleo».
Gaesco estima que la morosidad de la administración que están sufriendo las constructoras «se ha llevado ya por delante en Sevilla y su provincia, al menos, unos 50.000 trabajadores del sector, y genera tal inseguridad que nadie se atreve a contratar nuevos trabajadores». Esta situación se ve agravada por la negativa de la Administración a reconocer las nuevas obras realizadas, seguramente en una estrategia de evitar el cómputo de deuda que puede provocar la pérdida de solvencia, según sospecha Gaesco,
Es precisamente esta pérdida de solvencia la que provoca, según el gerente de Gaesco, «que aún estando la deuda reconocida, los bancos no la aceptan para su descuento simplemente por el hecho de provenir de determinados organismos de la Junta o ayuntamientos especialmente morosos». Para Gaesco, no hay razón alguna dentro de la legalidad para que no se haga efectiva la deuda de las Administraciones, ya que la Ley obliga a que antes de la licitación de las obras se certifique la existencia de dotación presupuestaria para su abono y una vez adjudicada la intervención correspondiente ha de provisionar su pago.
«Además, el comportamiento de algunos municipios en estos últimos meses está siendo insultante, denuncia Sillero, ya que antes de hacer frente a la deuda contraída, llegan incluso a contratar nuevas obras con el solo fin de hacerse la correspondiente foto electoral».