El Partido Andalucista denuncia que un miembro del Consejo ha requerido dos horas y la llamada a la Policía para lograr registrar el cese del ex gerente de ACM, aprobado hace meses.

El Partido Andalucista y el Partido Popular de Alcalá de Guadaíra han lamentado este miércoles las “serias dificultades” a las que se ha sometido esta mañana a un miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Innovar en Alcalá S.L. para entregar en el registro de la misma la documentación referente al despido del ex gerente de ACM, José Luis Díaz.

Tras acuerdo alcanzado por la mayoría de los consejeros este miércoles la representante del PP encargada de confirmar la carta de despido de este cargo directivo, ha tratado de registrar esta documentación en la empresa encontrándose con la negativa del único responsable que se encontraba en las oficinas, el antiguo contable de ACM, Javier Luque, imputado por la Guardia Civil en los casos de posible corrupción en ACM.

Según explican desde el PP, fue Luque quien, argumentando que recibía órdenes, se negó a sellar la documentación referida. Finalmente, cuando la concejal del PP avisó con llamar a la Policía -de hecho una patrulla hizo acto de presencia cuando el asunto estaba zanjado- cuando Luque admitió recibir la documentación «a pesar de las posibles repercusiones que le podía acarrear no cumplir las órdenes».

Cabe señalar que tras la liquidación de la empresa de comunicación ACM, las competencias, el personal y la cúpula directiva de la empresa ACM fueron absorbidos por Innovar en Alcalá S.L, empresa cuyo máximo órgano acordó hace meses una batería de medidas de transparencia, así como el cese del responsable de la gestión de la empresa pública, que acabó abocándola al cierre, y al que, para los andalucistas «contra toda lógica, Limones sigue manteniendo».

Para los andalucistas “que durante horas se niegue a un miembro del Consejo la entrega de la documentación que da cumplimiento a los acuerdos de la propia entidad, para evitar ejecutar el despido, “sólo responde a la clara imposición de trabas” y a un uso “tremendamente dictatorial” de la administración local por parte del PSOE de Limones”.

Así, para la portavoz municipal del PA en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lola Aquino, “tras meses de impedimentos, y subterfugios, es muy grave que sea necesaria la llamada a la Policía para que se recoja la documentación necesaria que de cumplimiento a lo acordado por la mayoría del Pleno de la ciudad y del máximo órgano de la entidad”.

Para los andalucistas “esta es la transparencia y la democracia de Limones, que ya no oculta su desesperación por el caso ACM y utiliza todo cuanto está en su mano para ocultar el entramado de su gestión, algo que la justicia ya está investigando”.

Por ello, Lola Aquino se ha comprometido a realizar “una auditoría independiente y en profundidad de la situación económica del Ayuntamiento y sus empresas públicas tras el próximo 24 de mayo, cuando el PSOE y Limones sean retirados del gobierno por los vecinos de Alcalá”.

Para el presidenta del PP alcalareño, Mª Carmen Rodríguez Hornillo, el equipo de gobierno de Gutiérrez Limones mantiene un «férreo control para que no trascienda información alguna de esta empresa pública» que arrastra graves pérdidas, añadiendo además que «no dude el alcalde ni por un momento, que todos los entresijos de las empresas públicas financiadas con el dinero de todos los alcalareños saldrán a la luz”. 

El acuerdo

Tras la celebración del último Consejo de Administración de Innovar, se acordaron varios puntos entre los que se encontraba la reestructuración de la empresa en cuanto a su personal, un capítulo que, según los populares, «ha visto incrementado su coste en este capítulo en más de un 90%». La razón de este incremento del gasto fue la absorción por parte de Innovar de toda la estructura de personal, incluidos los cargos directivos de confianza, de la liquidada ACM, actualmente investigada por presunto fraude.

Dentro de la reestructuración acordada, se acordó el cese del ex director gerente de ACM, José Luis Díaz, que desde que fue contratado «sin proceso de selección alguno», «no ha llevado a cabo actividad alguna que haya supuesto ingresos para la empresa», según sostienen desde el PP. A todo lo anterior, se le suma el descenso en los ingresos distintos a las transferencias desde el Ayuntamiento,»en más de un 70%», lo que, para los dos partidos de la oposición, es difícil de justificar la sostenibilidad el mantenimiento de dicha sociedad.