A escasas horas del pleno de investidura, la situación en Alcalá de Guadaíra aún no está decidida. La complejidad del acuerdo alternativo entre varios partidos sólo lleva a una pregunta ¿qué ha hecho el PSOE de Limones para que, aún con cinco fuerzas enfrente, ninguna quiera permitirle gobernar?
En las elecciones municipales del 24 de mayo, el PSOE ganó las elecciones con 9 concejales, seguido del PP (5 concejales), Alcalá Puede (4 concejales), Izquierda Unida-Alternativa Alcalareña (3 concejales), Partido Andalucista (2 concejales) y Ciudadanos (2 concejales). Los resultados arrojaban una pérdida de la mayoría absoluta del PSOE, aunque los análisis coincidían en que continuaría gobernando.
En esta situación, lo lógico hubiese sido un pacto entre el PSOE y una de las fuerzas más votadas para alcanzar la mayoría absoluta, situada en 13 ediles. Sin embargo, la realidad ha sido la contraria, tras las elecciones ningún partido de los que ha obtenido representación manifestó su intención de negociar con los socialistas y tan solo Ciudadanos ha respondido a la llamada de sus interlocutores.
Por el contrario, fuerzas a priori antagónicas han impulsado un acuerdo conjunto -entre PP, IU-AA, PA y C’s- para arrebatar el Gobierno a los socialistas. Por su parte, Alcalá Puede, la agrupación impulsada por Podemos, manifestó su compromiso de no pactar con el PSOE aunque tampoco se ha sumado al acuerdo. Su voto es decisivo para un posible cambio de gobierno y ya ha comunicado que consultará en asamblea la orientación del mismo.
Más allá de lo que finalmente ocurra en el pleno de investidura de este 13 de junio, la pregunta más repetida estos días se sucede entre vecinos, periodistas y analistas. ¿Qué ocurre en Alcalá para que todos los partidos –salvo uno- hayan rehusado reunirse si quiera con el partido que ha gobernado el municipio desde hace 37 años, los 20 últimos, liderado por el alcalde –ahora en funciones- Antonio Gutiérrez Limones?
La pregunta es difícil de comprender, sobre todo, cuando se traspasa la frontera del municipio. ¿Por qué buscan acuerdos más complejos y entre fuerzas teóricamente antagónicas para desbancar al PSOE? La realidad es que existen varios factores que han motivado que varios partidos consideren como prioridad expulsar al Partido Socialista del Gobierno alcalareño. He aquí los principales.
1. Caso ACM
En primer lugar y una de las más recientes, ha sido el escándalo de corrupción en torno a la empresa pública ACM. La denuncia de los partidos de la oposición en el anterio mandato (PP, PA e IU) a la Fiscalía supuso el inicio de una instrucción judicial aún en curso donde la Guardia Civil investiga un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental o contra la hacienda pública.
La Guardia Civil señala que tanto Gutiérrez Limones como la que fue portavoz municipal, Miriam Burgos (actual número 2), conocían las irregularidades presuntamente cometidas en el seno de la empresa pública, de las que también fueron informados el presidente del PSOE de Alcalá, Bernabé Gámez y el secretario general, actual Director General de Infraestructuras de la Junta, Rafael Chacón.
Los agentes consideran probado que el alcalde socialista “fue informado” y por tanto, era conocedor de las presuntas prácticas llevadas a cabo por el ex gerente de la sociedad, José Luis Díaz, el ex coordinador, Manuel Costillo en connivencia con los principales representantes del gobierno socialista.
Prácticas que consistieron, supuestamente, en costear con dinero público viajes y regalos para el alcalde, así como en el pago de facturas con fines “particulares o partidistas” a cargo de la sociedad municipal. Aunque los agentes no han podido cuantificar qué cantidad de dinero habría sido defraudado, dos datos dan idea de las magnitudes con las que se trabaja.
Entre 2007 y 2013, ACM recibió del ayuntamiento alcalareño 10,4 millones de euros y su liquidación se debió a una deuda de casi medio millón de euros, un extremo impropio en una sociedad dedicada a gestionar la comunicación y la imagen de la ciudad. Asimismo, los investigadores han evidenciado que ACM recibió 686.000 euros más que el legalmente aprobado y han encontrado un desfase en las cuentas de 400.000 euros de los que se desconoce su destino.
El Gobierno siempre ha negado los hechos y lo ha atribuido a lecturas «sesgadas» y a una «estrategia de la oposición». En sus réplicas siempre han mantenido que no hay ningún imputado aún. Pero lo cierto es que la investigación judicial avanza y ya han sido once los testigos que han ratificado sus declaraciones en el juzgado que instruye la causa.
2. Comportamiento “mafioso”
El PSOE de Alcalá, una de las agrupaciones más numerosas y potentes del socialismo sevillano, ha ido mostrando graves síntomas de debilidad. La fragmentación de la formación en la ciudad comenzó a evidenciarse hacia 2011, coincidiendo con la liquidación de la sociedad ACM y con el auge de Susana Díaz como líder del PSOE sevillano.
El enfrentamiento entre Gutiérrez Limones y Susana Díaz por controlar el PSOE de Sevilla se saldó con una derrota del socialista y una mayor visualización de una corriente crítica con el alcalde en el seno del partido en Alcalá que pronto vió en Susana Díaz a una aliada.
A raíz de estos acontecimientos, comenzaron a sonar voces dentro del partido que diferían de la corriente ‘dominante’, encarnada en la figura de Gutiérrez Limones, Rafael Chacón o Miriam Burgos, entre otros. Mientras que la socialista Laura Ballesteros, Ana Isabel Jiménez (ahora edil electa) o José Manuel Rodríguez, comenzaron a liderar un frente crítico que se saldó con la salida de tres concejales del gobierno de Limones.
La salida de Laura Ballesteros del PSOE en junio de 2013 ocasionó un gran revuelo porque suponía la primera vez que el PSOE mostraba debilidad y perdía la mayoría absoluta desde 1999. A raíz de ahí, se sucedieron la salida de otros dos concejales, Ana Belén González y José Manuel Rodríguez. Todos denunciaron las “formas” y las discrepancias con Limones.
Luego, se evidenció que esta salida se motivó por la gestión que Limones estaba realizando del caso ACM, puesto que los propios concejales han reconocido ante la juez que instruye el caso que el alcalde conocía las irregularidades y “miraba para otro lado”.
A raíz de esta pérdida de apoyos, miembros del partido, como el propio presidente, Bernabé Gámez y el ex gerente de ACM, comenzaron una campaña de hostigamiento y amenazas hacia Ballesteros –que ha continuado como edil no adscrita- y su familia, que se saldó con la imposición de varias denuncias. La Guardia Civil llegó a tachar de “comportamiento mafioso” la actitud de los responsables socialistas en uno de sus últimos informes.
3. “Desprecio” a la oposición
Los concejales de los tres partidos en la oposición en el último mandato (PP, PA e IU) han denunciado continuamente el “desprecio” que el PSOE y el alcalde socialista han mantenido con ellos. Uno de los mayores enfrentamientos se produjo en 2011, cuando tras perder cinco concejales (en favor del PP y el PA) y salvar su mayoría absoluta por apenas un centenar de votos, el Gobierno socialista decidió una reducción tajante en los recursos destinados a los grupos municipales y con los que habían venido contando en los anteriores mandatos.
El PSOE optó por no permitir la liberación de ninguno de los tres portavoces de la oposición y reducir de forma notable los recursos no sólo económicos, sino también humanos, con los que los partidos de la oposición habían venido contando para desarrollar su labor de fiscalización y control al gobierno. La oposición, no obstante, había pasado de tan sólo 7 ediles frente a 18, a 12 frente a 13, por lo que la decisión supuso en la práctica una clara medida de control a una oposición ahora más fuerte tras mandatos de holgadas mayorías absolutas.
Esto ha supuesto que, en la oposición, en los últimos cuatro años tan solo la portavoz del PP, Mª Carmen Rodríguez Hornillo, cobrara por ejercer su labor política al ser diputada provincial. La portavoz del PA, Lola Aquino, y el aún portavoz en funciones de IU, Alberto Miranda, junto al resto de los concejales en la oposición, se han visto obligados a ejercer su labor pública compatibilizandola con su desempeño profesional, con lo que ello supone para una ciudad que supera los 75.000 habitantes. A esto se sumó, además, la negativa del regidor socialista a poner los plenos en horario de tarde, lo que dificultaba aún más, el ejercicio público de la oposición en estas condiciones.
Los tres partidos han denunciado reiteradamente la praxis política socialista que, como tónica general “obviaba las propuestas de la oposición”, amparándose en la mayoría absoluta. El PP, principal partido opositor, ha sido uno de las fuerzas más críticas en este sentido.
Aunque fue a raíz de la pérdida de la mayoría absoluta en el PSOE, en 2013, cuando los grupos de la oposición denunciaron reiteradamente el tratamiento del gobierno socialista incumpliendo todos y cada uno de los acuerdos plenarios votados. La nueva composición aprobó en bloque bajar el IBI, eliminar las plusvalías de los desahucios, reducir el sueldo de los concejales y una larga batería de medidas que no se han llevado a la práctica por decisión del ejecutivo socialista.
4. Concejales condenados
Otra de las causas que ayudan a explicar el aislamiento del PSOE alcalareño ha sido su falta de autocrítica con concejales que han sido condenados judicialmente y que han continuado en su cargo y que, además, han vuelto a ser incluidos en puestos de salida en la candidatura del pasado 24 de mayo.
El más mediático fue el del concejal en funciones de Participación Ciudadana, José Antonio Moreno quien fue condenado en 2013 por amenazar a un periodista local al grito de “como me hagas una foto te vas a tragar la cámara”.
Pese a la condena, Limones mantuvo en el cargo al edil y anunciaron el recurso de la sentencia. Sin embargo, no fue el único caso. En 2009, el concejal de Gobernación, Servicio de Inspección Municipal y Tráfico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Manuel García Torres fue ‘cazado’ conduciendo bajo los efectos del alcohol, extremo que le ocasionó una multa de 600 euros y la retirada del permiso de conducir. Pese a que PP y PA pidieron su cese, continuó en el cargo.
5. Gestión y pérdida de popularidad
Los concejales de la oposición han criticado duramente la gestión del alcalde socialista en los últimos años. Uno de los primeros puntos calientes se produjo a raíz de la decisión de Gutiérrez Limones de incorporase al Senado de España, un puesto que ocupa desde marzo de 2008. Desde la oposición en numerosas ocasiones han puesto en cuestión el tiempo que el regidor dedicaba a la gestión parlamentaria y el descuido de las tareas locales.
Sin embargo, una de las grandes losas que ha estrangulado el potente músculo socialista ha sido el incremento progresivo del paro en Alcalá que afecta a unos 12.000 vecinos. Alcalá ha sido una de las localidades más afectadas por la desindustrialización y la crisis económica, sufriendo en los últimos años, el cierre de numerosas industrias, aunque tres particularmente llamativas: la planta de Roca, la de Flex y la de Puleva, así como ERE en otras como Santa Bárbara.
Pese al apoyo institucional con el que han contado los trabajadores, desde la oposición se ha instado a crear planes de empleo concretos que favorecieran un mayor impulso de la economía local y han reclamado mayores esfuerzos ante un desmantelamiento industrial que ha mermado buena parte del polo industrial alcalareño.
Las circunstancias económicas, unidas al enfrentamiento judicial que el Gobierno socialista mantiene con partidos de la oposición -a raíz de la liquidación de ACM, actualmente en el juzgado de los mercantil- y con trabajadores municipales despedidos -en el caso de la Agencia de Recaudación de Tributos (ARCA)-, y la falta de respuesta ante problemas crecientes como la subida de impuestos o la vivienda, han mermado en gran parte la popularidad del alcalde y han intensificado su creciente desgaste político del PSOE en una localidad en la que gobiernan desde la llegada de la democracia.
Todos estos factores han servido para unir a varios partidos en torno a un interés común y plantear una alternativa de Gobierno colectiva, el año en el que el PSOE ha tocado suelo en la historia de Alcalá. Se trata de una circunstancia histórica porque, aunque han existido gobiernos de coalición en el municipio, nunca se ha producido un acuerdo entre cuatro partidos con el objetivo de dejar atrás la época socialista en uno de los feudos del PSOE más importantes de Andalucía.