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El Alto Tribunal incide en la «falta de documentación» relativa a empresas como ACM o Innovar en Alcalá. El Gobierno señala que la anulación administrativa «no tiene efectos prácticos».

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), por el que fue aprobado definitivamente el presupuesto municipal del año 2012, con el único voto a favor del Grupo socialista.

En su sentencia, emitida el 3 de marzo y recogida por esta redacción, la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal andaluz trata un recurso del Grupo popular del Ayuntamiento alcalareño, contra el acuerdo plenario de 27 de julio de 2012 relativo a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales. El PP, merced a un informe de la Intervención General del Ayuntamiento, señalaba «defectos en la nivelación (presupuestaria) e insuficiencia de créditos para gastos de personal».

El TSJA señala que el informe de la Intervención, sobre la nivelación presupuestaria, pone «algunos reparos de carácter formal respecto a gastos de personal eventual o falta de acompañamiento de plan de reducción de coste o de personal que no tienen trascendencia para la anulación del presupuesto».

Sobre los créditos para los gastos de personal, la Intervención «afirma que no se recoge crédito alguno para gratificaciones y horas extra a pesar de que en los cinco primeros meses de 2012 se habían reconocido obligaciones por 153.225 euros» por estos conceptos, toda vez que «el crédito para el personal eventual asciende a 547.013 euros, importe inferior al de las obligaciones reconocidas a fecha de emisión del informe», por más de 1,47 millones de euros.

Sin embargo, el TSJA pone el punto de mira en las dos sociedades municipales que arrastran sospechas de fraude: Alcalá Comunicación Municipal e Innovar en Alcalá. El Alto tribunal constata en su sentencia «la falta de determinada documentación que debe incorporarse al presupuesto», en concreto, señala que los estados de previsión de ACM e Innovar, carecen «de la firma de la presidenta del Consejo de Administración».

En este sentido, avisa de que «no constan» documentos como los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad Alcalá Territorial o «los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles» pese a que «debían estar integrados en los presupuestos».

El Ayuntamiento, de su lado, «no niega la ausencia de dicha documentación». El TSJA, en ese sentido, expone la «preceptiva» presentación de tales documentos. «La omisión de la documentación legalmente exigida implica una vulneración de la tramitación», dice el TSJA al estimar el recurso del PP y anular el mencionado acuerdo plenario de aprobación definitiva de los presupuestos municipales. Igualmente, impone las costas al Ayuntamiento.

María del Carmen Rodríguez Hornillo, portavoz del Grupo popular, ha expresado en un comunicado su malestar por la actitud de Gutiérrez Limones y su equipo «al creer que pueden hacer y deshacer a su antojo» incluso, como en muchos casos viene ocurriendo, «saltándose la Ley para imponer su criterio y su conveniencia», advirtiendo también al alcalde que «Gutiérrez Limones debe de tomar conciencia de que la justicia es lenta, pero que al final llega a todos» y que la documentación, sobre todo la que se refiere a la gestión del dinero público, «es algo muy serio».

El Gobierno señala que la anulación «no tiene efectos prácticos»

El concejal delegado de Hacienda Pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Salvador Escudero, considera que la anulación administrativa del presupuesto del 2012, ya ejecutado, del que se ha tenido información este viernes «no tiene, ni tendrá efectos prácticos, en el camino de saneamiento y de recuperación de inversiones que se ha consolidado en los últimos ejercicios económicos, aunque sí demuestra los intentos de la oposición municipal de boicotear y paralizar la gestión del equipo de gobierno que fue elegido democráticamente por el conjunto de ciudadanos de  la ciudad».

Para el responsable de la Hacienda del Consistorio alcalareño, el que se produzca la anulación administrativa del documento económico del año 2012 «no supone, pese al objetivo planteado por la oposición, que se interrumpa la línea de consolidación que año tras año se está consiguiendo en la arcas municipales, disponiendo de una situación saneada y superando los exigentes requisitos que desde el Gobierno de la nación se imponen a los consistorios en los planes de ajustes que pusieron en marcha al objeto de desviar la atención sobre los verdaderos responsables de la crisis económica».

Según Salvador Escudero, a esta serie de exigencias impuesta por el Gobierno de España a los ayuntamientos se le sumó la intención de los grupos de la oposición municipal, que en su pacto «contra Alcalá boicotearon las soluciones menos gravosas para los intereses de los alcalareños y obligaron, en virtud de ese pacto, a pagar cinco millones al Gobierno de la nación en 2014, negándose a una operación que permitía resolver los ajustes de las arcas municipales en diez años, como hicieron la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles, simple y llanamente por un interés partidista y al objeto de estrangular la acción del equipo de gobierno».

En un comunicado, añade que «el tiempo da la razón sobre el camino emprendido y que hoy se ha consolidado», por lo que la anulación administrativa de las cuentas del 2012 «no ha logrado el objetivo del pacto anti Alcalá de bloquear la acción de un gobierno que logró en las urnas y democráticamente el respaldo del conjunto de la ciudad».

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

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