El PA de Alcalá pide a Limones que «aclare su papel» en las encuestas políticas de Innova
La comisión sobre la Fundación Alcalá Innova carece aún de conclusiones. Ha tenido tres sesiones y aún no ha asistido el presidente de la entidad: el alcalde de Alcalá.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra intenta dar cuenta de los aproximadamente 7,2 millones de euros transferidos desde el Ayuntamiento a la Fundación Alcalá Innova desde su nacimiento en 1999. Todo ello se ha venido abordando en la comisión de investigación creada tras la denuncia del concurso convocado por la Fundación Alcalá Innova en el que se incluía la elaboración de una encuesta con preguntas que buscaban «optimizar» la imagen del alcalde y su gobierno. Todo ello a un año de las próximas municipales en mayo de 2015.
Dicha encuesta destinaba 49.000 euros para “reposicionar y optimizar la imagen del alcalde y el equipo de gobierno” a través de un “diagnóstico estratégico de la percepción social sobre la ciudad y su gestión” que buscaba conocer la valoración del alcalde y su gobierno, y la del resto de partidos y líderes políticos.
Tras la denuncia del PA y del PP, la entonces portavoz del gobierno de Alcalá de Guadaíra, Miriam Burgos, confirmó la retirada del pliego de condiciones para la realización de la macro encuesta con el fin de “corregir los errores detectados”.
Tras esto, el Pleno del Ayuntamiento alcalareño aprobó el pasado mes de abril la creación de una comisión de investigación para investigar las transferencias del Consistorio a la Fundación desde su nacimiento así como realizar un análisis en profundidad de la contratación de dos estudios sociológicos previos a esta macro encuesta denunciados por la oposición en 2010 y 2014.
Entre las comparecencias solicitadas, se encontraban las del alcalde alcalareño, Antonio Gutiérrez Limones, en su calidad de presidente de la Fundación, así como las de las tenientes de alcalde, Miriam Burgos y María José Borge, también por su papel en la gestión de la misma.
Sin embargo, en la primera de las sesiones de la comisión el Gobierno local se negó a que compareciera el primer edil, como piden los grupos políticos de la oposición, al considerar que su responsabilidad ha estado siempre delegada en la vicepresidenta de la Fundación.
Asimismo, el Gobierno local puso a disposición de los grupos políticos la documentación referente al estudio de percepción social del año 2010 y la del frustrado concurso de este año. No obstante, la primera de ellas se aportó de forma incompleta y los grupos de la oposición solicitaron que se volviera a llevar a la comisión de manera íntegra.
Durante la segunda sesión de la comisión, tuvo lugar la comparecencia del último gerente de la Fundación Alcalá Innova, Marcelino Colete. Del mismo modo, las fuerzas políticas, a excepción de IU-CA que tampoco participó de este segundo encuentro, revisaron las cuentas justificativas de los aproximadamente 7,2 millones, si bien no habría mediado copia de esta documentación. Igualmente, fue nuevamente expuesta la documentación correspondiente a los pliegos del citado concurso, pues tanto el PP como el PA atisban posibles diferencias en la documentación entre una fase y otra del concurso.
En la tercera y última sesión de la comisión, el grupo municipal popular manifestó que daba por cerrada la comisión después de encontrarse con una «falta de colaboración y disposición del Gobierno municipal», según manifestó el edil popular Paco Bautista. Los populares consideran que la última macroencuesta encargada por la Fundación Alcalá Innova es una «encuesta política pagada con dinero de todos los ciudadanos, como la de 2010, que alcanzó casi los 80.000 euros».
Innovar hereda las sospechas de ACM
El foco de las sospechas en torno a la Fundación Alcalá Innova se producen después de las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública de comunicación, Alcalá Comunicación Municipal (ACM) y que se encuentra investigando la Fiscalía de Dos Hermanas. Las investigaciones tienen su origen en una declaración del contable de ACM, Javier Luque, quien, en una grabación explica cómo los gestores de la empresa, habrían usado la misma para costear gastos privados del alcalde o de miembros del gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra. En dicha grabación, el contable cita todo tipo de irregularidades realizadas por los gestores y señala, entre otros, el supuesto pago con dinero público de un viaje del alcalde y su familia a Eurodisney o la compra de una mesa de ping pong que, siempre según el contable, regaló a sus hijos.
Junto a Gutiérrez Limones, Luque también menciona a José Luis Díaz, antiguo gerente de ACM y ex director de comunicación del Ayuntamiento de Alcalá, como la persona que ordenaba, bajo mandato del alcalde según dicha grabación, operaciones en las que el contable tenía que adelantar importantes sumas de dinero
El Gobierno municipal de Alcalá aprobó el pasado año la liquidación de ACM con el rechazo de todos los grupos de la oposición, que denunciaron las maniobras del equipo de Gobierno por el «oscurantismo» con el que habían planteado la liquidación de la empresa. El PP y el PA llegaron a impugnar ante los juzgados la liquidación de la empresa.
No obstante, los concejales de la oposición ya denunciaron que la liquidación traía aparejada un trasvase de personal y directivos de ACM a la sociedad Innovar en Alcalá. El PA por su parte señala que “han sido innumerables las veces que hemos denunciado oscurantismo en ACM y en Innovar, lo que nos obligó a forzar la actualización del Consejo de Administración de la Sociedad, pese a la dejación de funciones de Limones, porque nos preocupa mucho qué pueda estar sucediendo aquí, máxime cuando Innovar ha asumido la dirección y las competencias de ACM”.
De este modo, más de tres meses después de que comenzara la comisión de investigación sobre las encuestas políticas encargadas por Alcalá Innova, la comisión parece haber llegado a punto muerto al no existir conclusiones consensuadas y a raíz de las continuas críticas de la oposición hacia el equipo de Gobierno por no facilitar la labor de investigación de las transferencias y las facturas originales contabilizadas por la Fundación. Queda prácticamente bloquedada la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas y levantar el halo de sospechas que rodea la gestión de las sociedades instrumentales en Alcalá. Eso sí, aún queda redactar las conclusiones y será en ellas, y ante el pleno, donde se plasme la opinión de sus miembros. Finalmente el pleno deberá pronunciarse y refrendar o rechazar las conclusiones de esta.