Este lunes están citadas a declarar las dos personas imputadas en el caso de la muerte de hasta tres miembros de una misma familia de Alcalá de Guadaíra que se dedicaba al reciclaje de tapones de plaguicida.
Así, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 del municipio sevillano ha abierto nuevas diligencias por un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente y ha imputado a dos empresas –en este caso, personas jurídicas- y a dos trabajadores de estas mismas empresas. La juez que instruye el caso considera que “pudo existir delito en el tratamiento de los tapones plaguicidas que causaron la muerte” de dos adultos –un matrimonio- y una de sus hijas.
Como ya informó Sevilla Actualidad, los imputados son los responsables de una empresa de gestión de residuos y de una chatarrería a los que se les acusa de homicidio imprudente por no destruir los tapones que provocaron la reacción letal en la familia de Enrique Caño, su mujer y su hija de 14 años.
Más de mil tapones
Cabe recordarse que la Policía Nacional halló más de mil tapones de plástico almacenados en una bañera del domicilio. Estos desechos tenían que haber sido destruidos por la empresa de gestión de basuras de Dos Hermanas, sin embargo, según estas informaciones, la Policía cree que en vez de encargarse de la destrucción de los tapones -o de contratar a otra empresa autorizada para ello, como hicieron en otras ocasiones-, los responsables de esta planta de reciclaje se los habrían entregado a una chatarrería de Dos Hermanas.
Los chatarreros habrían incluso pagado un dinero a cambio de los tapones, asegurando a la primera empresa que se encargarían de la eliminación de los mismos con garantías. Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias que contenían los envases.
La investigación policial habría determinado que en la chatarrería se les retiraron estas etiquetas y no se destruyeron los tapones, sino que con ellos se pagaba a personas que iban a vender chatarra. Una de estas personas que recibió los tapones en pago a cambio de mercancía podría haber sido Enrique Caño, el cabeza de familia, que se encontraba en paro y trataba de obtener unos ingresos extras revendiendo luego estas piezas de plástico. Esto explicaría la elevada cantidad de unidades encontradas.
Una reacción letal
El Instituto Nacional de Toxicología, en un informe que entregó al Juzgado nº2 de Alcalá, concluyó que la triple muerte de los miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra el pasado 14 de diciembre se produjo de manera accidental debido al fosfuro de aluminio, un plaguicida que en contacto con el agua o la humedad se convierte en un gas mortal llamado fosfina.
La familia almacenaba en una bañera tapones de envase de un plaguicida en el que se encontraba el fosfuro de aluminio y que al contacto con el agua se convirtió en fosfina, gas que finalmente acabaría con la vida de tres miembros de la familia.
La fosfina provocó un fallo multiorgánico y, por la sintomatología y rápido fallecimiento, los investigadores descartaron la toxiinfección alimentaria. Los fallecidos son Enrique Caño, de 61 años, su esposa Concepción Bautista, de 50, y su hija de 14 años. La menor de las hijas de 13 años sobrevivió y todo apunta a que aquella noche cenó fuera de casa y al regresar ya habría desaparecido los efectos mortales de la fosfina.