Después de que el Juzgado número uno de Lebrija (Sevilla) dictase auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Los Palacios y Villafranca Antonio Maestre (PSOE), actualmente asesor en la Diputación provincial pese a estar sentado en el banquillo de los acusados en varios casos tal y como ha explicado Sevilla Actualidad, y otros cuatro cargos de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación con relación al destino de una subvención autonómica, la citada instancia judicial ha dictado otro auto más de apertura de juicio oral contra todos ellos, respecto al tratamiento de otra subvención distinta.
Todo se encuadra en la controvertida gestión de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla y ya disuelta y liquidada, tras arrastrar un pasivo de más de 52,2 millones de euros y múltiples frentes respecto a su gestión a manos del entonces alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre.
En ese contexto, meses atrás el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija resolvía su instrucción respecto a una denuncia promovida en 2015 por la Fiscalía en torno a una ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Mancomunidad para actividades de formación y empleo, cuyo reintegro fue reclamado por la Administración autonómica al no quedar debidamente justificado el destino de la subvención.
Según la investigación, «a pesar de haber sido concedida la subvención y haber sido abonado un anticipo de 210.393 euros para su ejecución –pues la ayuda íntegra ascendía a 280.526 euros–, la actividad subvencionada ni se ejecutó, ni se justificó, ni los fondos públicos recibidos fueron aplicados por la Mancomunidad al fin subvencionado, ni fueron devueltos cuando les fueron reclamados por la Junta de Andalucía en el expediente de reintegro».
Más al detalle, «la subvención concedida se integró de un modo indiferenciado (por la Mancomunidad), sin distinción alguna que determinase su origen o destino en la cuenta de la entidad, engrosando la caja única» y sin que se «controlase» que «las cantidades estuviesen vinculadas a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada». Tras ello, y siempre según la investigación, el dinero fue destinado «a otros fines» diferentes al objeto de las ayudas.
Por dicha situación, la causa y el auto de apertura de juicio oral se dirigía contra Antonio Maestre como presidente de la desaparecida Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Mariano R.S. por su papel de interventor de la Mancomunidad, Fátima F.M. como tesorera de la misma, José Antonio N.O. como gerente y María Gloria R.L. como jefa de gestión de proyectos de la entidad.
Ahora, y según figura en un exhorto fechado el pasado 25 de mayo y recogido por Europa Press, el mismo juzgado ha dictado un nuevo auto de apertura de juicio oral contra estas mismas personas, por el destino de una ayuda otorgada en 2010 por el SAE a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, para el desarrollo de la escuela taller Navegando por Rota. En concreto, el SAE transfirió a la entidad 429.678 euros, el 75 por ciento del importe total concedido, toda vez que según la documentación del caso sólo fue justificado el gasto de 104.501 euros, el 18,24 por ciento de la cuantía inicial entregada.
Así, y en el contexto del funcionamiento «irregular» de la Mancomunidad, el juzgado apreciaría de nuevo presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación respecto al destino de esta ayuda.
A tal efecto, recordemos que el pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla declaraba a Antonio Maestre y a otros miembros de su antiguo gobierno municipal de Los Palacios como «culpables» del concurso de acreedores promovido en 2012 sobre la ya extinta sociedad Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), participada mayoritariamente por el Ayuntamiento palaciego, inhabilitando al exprimer edil durante cinco años para administrar bienes ajenos y condenándole junto con otros miembros del consejo de administración de la empresa a pagar el «déficit concursal» de 80.000 euros causado con su gestión.