El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha declarado que el Ayuntamiento de Santiponce, gobernado en minoría por la socialista Carolina Casanova, ha vulnerado los derechos fundamentales de un concejal de la oposición al «denegarle» por silencio administrativo el acceso a la documentación correspondiente a facturas de suministros básicos contratados por el Consistorio.
A través de una sentencia emitida el pasado 21 de junio y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial aborda un recurso del Grupo andalucista del Ayuntamiento poncino, contra «la desestimación por silencio administrativo» de la petición promovida en julio de 2017 por uno de sus concejales, para acceder «al expediente de facturas de luz y agua en el período comprendido entre el mes de mayo de 2016 y julio de 2017».
Y es que según el PA, este silencio administrativo constituye una «denegación tácita» de la información solicitada, extremo que «obvia la legitimidad de un miembro del pleno para obtener la documentación que necesite para el normal desarrollo de su labor» fiscalizadora de la acción de gobierno, toda vez que los andalucistas cogobernaron el Ayuntamiento de Santiponce junto al PSOE, hasta quedar roto su pacto de gobierno.
Frente a las acciones judiciales del Grupo andalucista, la defensa del Ayuntamiento alegaba que el mismo había «remitido al Juzgado en fecha 13 de noviembre de 2017 el expediente de los listados de facturas de suministros de Aljarafesa, Endesa, Iberdrola,y Endesa XXI, así como el expediente administrativo donde consta toda la información solicitada por el concejal» del PA, alegando así una «satisfacción extraprocesal de la demanda».
No obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve constata que ante la solicitud formalizada por el PA el 13 de julio de 2017 para acceder a dicha documentación, la alcaldesa, la socialista Carolina Casanova, «no resolvió nada», agotando el plazo de cinco días establecido para responder a este tipo de peticiones, extremo que incluso llevó a que el edil andalucista instase la «ejecución del acto administrativo» solicitado.