Un propietario de la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos ha sido condenado a seis meses de prisión por comenzar a construir un chalé en una parcela no urbanizable y desobedecer la orden de paralización de las obras en una sentencia que se ha producido por conformidad del acusado que reconoció los hechos.

Sevilla Actualidad. El procesado J.R.C. compró dos parcelas de dicha urbanización  que unificó en una sola, donde comenzó las obras de cimentación una vivienda pese a que el propio notario le advirtió «de las consecuencias de construir y parcelar en suelo no urbanizable», según la sentencia del juzgado penal 11, a la que ha tenido acceso Efe.
 
La urbanización Las Minas, con más de 500 construcciones en suelo rústico, concentra la mayor parte de las edificaciones ilegales que se extienden por todo el término municipal de Castilblanco de los Arroyos. Según las primeras estimaciones que recoge un inventario global que en estos momentos realiza el Ayuntamiento, podrían ser casi mil las construcciones en suelo no urbanizable.
Esta es una de las numerosas condenas que se han producido en los últimos meses contra varias decenas de propietarios de la urbanización Las Minas denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla que también ha acusado al ex alcalde de la localidad, Manuel Ruiz Lucas (NIVA), por consentir presuntamente tales prácticas.
En la mayoría de los casos, los procesados alegaron desconocer las cuestiones legales y haber actuado porque así lo hacían todos los vecinos o porque el Ayuntamiento no se oponía. En esta ocasión, el acusado reconoció el delito y aceptó seis meses de cárcel, que incluyen la demolición a su costa de lo construido ilegalmente, cuyo coste asciende a 12.047 euros, según la sentencia.
Precisa el juez que la urbanización Las Minas «está enclavada en un terreno forestal o de monte y tiene reconocida por ley especial protección, además de no ser urbanizable según las normas municipales».

El acusado no acató el decreto

En este caso, cuando el propietario se encontraba efectuando las obras de cimentación, la Policía Local de Castilblanco le notificó un decreto de la Alcaldía por el que se ordenaba paralizar las obras y «la inmediata demolición de lo construido».
Sin embargo, otra inspección posterior de agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, realizada el 24 de julio de 2006, comprobó «la existencia no solo del cerramiento y vallado de la finca con ladrillo, sino las obras de cimentación, sin que hubiera obedecido la orden del alcalde de demoler lo construido».
Por ello, un auto del juzgado de instrucción 15 de Sevilla dictó una serie de medidas cautelares como la paralización inmediata de las obras, con precinto de las mismas y la paralización de los suministros.
Junto a la condena de seis meses de cárcel la sentencia impone al propietario el pago de una multa de 720 euros y otros seis meses de inhabilitación para cualquier trabajo relacionado con la construcción.

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