La Junta invierte medio millón de euros en los nuevos juzgados de Marchena para acabar con uno de los “puntos negros” de la provincia. Las obras para acondicionar el edificio alquilado ya están finalizadas y tras terminar de amueblarlo se prevé que esté funcionando el próximo mes.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha invertido casi medio millón de euros para acabar con «uno de los puntos negros de la provincia de Sevilla en cuanto a infraestructuras judiciales» se refiere, al alquilar y adecuar un nuevo edificio para albergar los juzgados de Marchena.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado en Comisión parlamentaria que el inmueble arrendado, ubicado en la calle Huerta Gavira, cuenta con casi 500 m2 repartidos en dos plantas y albergará los dos juzgados mixtos de la localidad (uno de ellos con competencias en Violencia sobre la Mujer), el Registro Civil, la clínica médico forense y las dependencias de la Fiscalía.

La inversión contempla la reforma y el alquiler por cuatro años

La inversión realizada asciende a 494.831,47 euros, que incluyen la reforma para adaptarlo a su nuevo uso judicial y el alquiler por cuatro años. Nieto ha detallado que las obras ya están finalizadas y actualmente se está instalando el mobiliario y adecuando la sala de vistas, por lo que la previsión es que entre en funcionamiento el próximo mes de abril.

El consejero ha agradecido el trabajo realizado al delegado territorial de Justicia en Sevilla, Javier Millán, ya que «ha sido complicado encontrar una sede acorde a las necesidades», si bien el traslado a unas instalaciones dignas era una demanda histórica y una necesidad en Marchena.

Según ha informado, la Consejería tiene previsto alquilar otro local enfrente para albergar los archivos y garantizar el acceso del furgón de detenidos de la Guardia Civil.

El partido judicial de Marchena engloba también a los términos municipales de Paradas y Arahal. Con esta nueva sede judicial se garantizan «unas condiciones dignas para los trabajadores y la prestación del servicio público a la ciudadanía».