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Ecologistas en Acción denunciará ante la Unión Europea la interpretación que la Junta de Andalucía hace, entre otras, de la Directiva Hábitat, otorgando autorizaciones a estos proyectos ubicados en territorios de especies amenazadas, consideradas por Europa Prioritarias.

Los juzgados de Sevilla atienden actualmente el contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra las autorizaciones ambientales otorgadas a proyectos tramitados por la empresa Capital Energy de forma fragmentada, caso del Parque Eólico Puerto Calera I y II, a ubicar en los municipios de La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Villanueva de San Juan y Pruna, en pleno territorio de reproducción, entre otras, del águila perdicera o de Bonelli (Aquila fasciata) con tan sólo 15 parejas en la provincia de Sevilla y catalogada como vulnerable a la extinción.

Se da la circunstancia que la propia Junta de Andalucía es socia del proyecto de Life Bonelli, para la recuperación de las poblaciones de esta especie amenazada y que cuenta con dos millones de euros de financiación europea. Precisamente electrocuciones, colisiones y deterioro de sus hábitats son reconocidas afecciones informadas convenientemente en la web de la administración andaluza o el propio proyecto Life.

Por otro lado, «la Junta ha concedido las Autorizaciones Ambientales Unificadas, Puerto Calera I y Puerto Calera II, evaluando por separado el impacto de cada proyecto y no incluyendo en estos la subestación eléctrica que ha autorizado independientemente, ni la línea eléctrica de alta tensión de 16 kilómetos. de longitud que evacuará la energía producida por los dos supuestos parques», según los propios ecologístas.

Por tanto, el impacto ambiental de toda la instalación es indudablemente superior, y requeriría de mayores medidas de protección que cada proyecto por separado como se viene autorizando, vulnerando con ello la Directiva de Impacto Ambiental y distinta jurisprudencia. La cuestión más relevante sin embargo, es que la norma europea no permite en ningún caso la merma o el deterioro de las poblaciones o hábitats de especies de aves equiparables a las Prioritarias, previstas en la Directiva Hábitat. Tan sólo por razones de especial interés general (por seguridad o salud humana o medioambiental), podrían verse alterados o reducidos dichos elementos, aplicando suficientes medidas compensatorias. Este tipo de proyectos no cabe por tanto dentro de los casos supuestos que pudieran justificar su instalación.

Los ecologístas afirman que «no se entiende que se autoricen proyectos ambientalmente fragmentados que en este caso podrían suponer la mortandad de especies amenazadas como el Águila perdicera, el Alimoche o el Águila pescadora, en clara regresión en los últimos años y concretamente en la provincia de Sevilla, así como el objetivo deterioro de sus áreas de nidificación y alimentación. No se puede estar de acuerdo con la gestión del Águila perdicera que hace la Junta que por un lado gasta dinero en recuperar la especie y por otro autoriza proyectos que van a provocar su mortandad»

Ecologistas en Acción cree «muy necesaria la energía eólica como una de las soluciones para luchar contra el cambio climático, pero se deben instalar aerogeneradores con garantías de que no afecten a especies con problemas de conservación2

Por todo ello Ecologistas en Acción denunciará permanentemente esta situación ante los tribunales y las instancias europeas responsables de velar por especies y hábitats tan sensibles.