La medida supuso distribuir más de 22,3 millones de euros destinados a ayudar a unidades familiares de Sevilla cuyos ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional.

La Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales resolvió durante el pasado año 13.511 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) presentadas por personas de esta provincia. De estas peticiones fueron concedidas un total de 7.964, que supusieron distribuir en esta provincia más de 22,3 millones de euros destinados a ayudar a aquellas unidades familiares en las que los ingresos existentes, teniendo en cuenta todas las personas que la integran, no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

El Decreto 2/1999 de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad, recoge esta medida que no está sujeta a convocatoria cerrada. Así, en todo momento, de forma abierta y permanente, cabe la posibilidad de presentación de solicitudes por parte de aquellas personas y familias andaluzas que se encuentren en situación de falta de recursos económicos suficientes para el desarrollo de una vida digna.

De este modo, el pasado 15 de febrero se celebró la primera comisión provincial de valoración del presente año de este Ingreso Mínimo de Solidaridad, en la que se resolvieron 3.617 solicitudes de las que finalmente fueron concedidas 2.209, que supondrán una inversión de cinco millones de euros en la provincia de Sevilla.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad consiste en una prestación económica mensual que asciende al 62% del Salario Mínimo Interprofesional, y que puede ser incrementanda en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona beneficiaria del programa, hasta un máximo del 100% del Salario Mínimo Interprofesional.

Para este año 2017, está previsto que las familias beneficiarias de esta medida perciban cada una de ellas entre 406,22 y 655,20 euros durante seis meses.

Hace unos días, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, informó de que se “se ha registrado un descenso muy significativo en el número de solicitudes desde 2015 debido a la mejora de los indicadores económicos en Andalucía, entre ellos el descenso del paro”. Con todo, Sánchez Rubio destacó la garantía de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía para atender esta demanda con 90 millones de euros para 2017 –casi triplicando los 37 millones presupuestados hace 10 años-.

En este sentido, la consejera señaló que los datos reflejan “el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas más vulnerables”, aquellas que recurren al salario social porque no encuentran otra salida, si bien recordó que “la ciudadanía quiere generación de empleo, por lo que la estrategia pasa por combinar este tipo de ayudas con el fomento del empleo y la formación para la mejora de la empleabilidad”.

Asimismo, Sánchez Rubio recordó que la Ley  9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece como prestación garantizada estas prestaciones económicas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad, al tiempo que adelantó que la Junta ha iniciado la consulta pública previa a la modificación del decreto que regula el programa de solidaridad, que se adecuará a las nuevas necesidades sociales tras casi 20 años de funcionamiento.