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El presidente de la Diputación teme que “a partir de agosto”, los planes de ajuste “colapsen a muchos consistorios sevillanos”.

El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto el acento hoy en un “problema latente que, de hacerse efectivo, será una bomba de relojería para las tesorerías de muchos ayuntamientos de España y, por ende, hará bajar la calidad y cantidad de los servicios que los Consistorios ofrecen a diario a sus vecinos”.

En concreto, el presidente de la federación de municipios andaluza se ha referido al enorme obstáculo que supondrá el hecho de que “en el próximo mes de agosto, muchos ayuntamientos tripliquen las cantidades que vienen pagando en las cuantías mensuales de devolución del plan de pago a proveedores, ya que a partir de entonces comenzará a abonarse la amortización de capital de esos préstamos junto a los intereses”.

“Si llegásemos al mes de agosto sin una solución negociada y coherente que emane desde el gobierno en funciones de Rajoy, nos encontraremos con el problema que muchos ayuntamientos no podrán hacer frente a la suma de capital más los intereses y ello conllevará el cumplimiento de las medidas impuestas en los planes de ajustes municipales”, ha recordado el regidor provincial sevillano.

En esa tesitura, el panorama que ha dibujado Villalobos pasa por que “si se produce ese incumplimiento de un plan de ajuste, ya sabemos lo que la ley de reforma local reserva a los incumplidores: reducción de costes de personal, a través de reducciones de salarios o de empleos municipales; supresión de servicios calificados de ‘impropios’ pero que nadie prestaría si no lo hace el Ayuntamiento; más subida de tasas y precios públicos para cumplir con objetivos de pago; e imposibilidad de realizar inversiones”.

En esa línea, Villalobos ha recordado que el RDL 4/2012, de 24 de febrero, estableció el mecanismo de financiación para el pago a proveedores y fijó ese particular de que, en el próximo mes de agosto comenzara a abonarse la amortización de capital del préstamo concedido a los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas.

En relación al pago de proveedores, el presidente de la FAMP ha vuelto a reiterar que “siempre nos hemos mostrado a favor de pagar a esos empresarios y autónomos que necesitaban una respuesta solvente de sus Ayuntamientos, máxime cuando muchos de ellos eran PYMES y autónomos que estaban siendo especialmente azotados por la crisis económica”.

“Pero había muchas formas de articular aquel plan de pago y, en aquel momento, el gobierno de Rajoy diseñó una estrategia para que los Ayuntamientos tuviesen obligatoriamente que pedir dinero prestado a los bancos al 5% o al 6%, para que la banca ganase, aunque eso supusiese un mayor endeudamiento y una losa más pesada para las arcas municipales. De hecho, aquello hizo que la deuda viva de las entidades locales aumentase considerablemente entre 2012 y 2013”.

Frente a “esa manera de gravar a los Ayuntamientos y, por ende, a los vecinos y vecinas que se benefician de sus servicios”, el responsable de la FAMP ha recordado que “desde la Diputación de Sevilla hemos demostrado que a los Consistorios se les puede hacer cumplir con sus obligaciones sin ahogarlos financieramente”, y ha puesto de ejemplo “los anticipos a coste cero, tanto ordinarios como extraordinarios, que el organismo de recaudación de Diputación ha puesto a disposición de los municipios para aliviar su asfixia durante los peores años de la crisis”.

“Sin que a los Ayuntamientos les haya costado un céntimo de euro, la entidad provincial ha puesto anualmente anticipos ordinarios por encima de los 200 millones de euros, de manera mensual, que han permitido a los Consistorios tener liquidez para afrontar los gastos ordinarios que originan la prestación de servicios municipales”, ha argumentado el presidente.

Volviendo al problema que se plantea de cara a agosto, Villalobos considera que “una vez más, si no se pone coto a esta situación, serán los ayuntamientos, las administraciones más cercanas, las que prestan el servicio directo al ciudadano, las que paguen los platos rotos de una crisis, la del sector bancario, que el gobierno de Rajoy optó por que pagásemos la ciudadanía a través de diferentes vías, entre ellas esos planes de pago a proveedores que los Ayuntamientos soportan”.

Frente a esta alarmante situación, el presidente de la FAMP ha anunciado que llevará a los órganos de gobiernos de esta federación distintas iniciativas, entre las que destaca “reclamar al Gobierno de España que lleve a cabo una quita importante del importe del plan de pago a proveedores y que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que afecta a los ayuntamientos, además de solicitar una moratoria de, al menos, dos años para la amortización del capital, mientras se trabaja en la quita planteada”.

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad