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Chamizo intercede por la ampliación del casco histórico de Marchena

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, envía hoy un escrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, tras el manifiesto que el alcalde de Marchena entregó el viernes firmado por todos los grupos políticos en contra de la considerable ampliación del Conjunto Histórico del municipio que aprobada en octubre de 2008 “sin mediar palabra con el Ayuntamiento”. La corporación presentará una moción en la Diputación Provincial de Sevilla con el propósito de que se debata la iniciativa, en vigor desde hace un año, que ha provocado la irritación de asociaciones y colectivos locales.

Sevilla Actualidad. El alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera (PA), elevó el viernes al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, un manifiesto firmado por todos los grupos políticos contra el procedimiento incoado en octubre de 2008 por la Consejería de Cultura para ampliar de 18 a 81 hectáreas del perímetro del Conjunto Histórico-Artístico, una medida que el equipo de Gobierno (PA-PP) cree “desproporcionada” al asfixiar las posibilidades urbanísticas del municipio y al sector local de la construcción.

Tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Constructores de Marchena han solicitado a la Delegación Provincial de Cultura una entrevista para negociar la ampliación del conjunto histórico que de momento no ha sido concedida por el titular de éste departamento, Bernardo Bueno.  “No tenemos constancia de que exista un procedimiento igual en Andalucia” indicó el edil, por el que “un casco histórico ya consolidado tras 40 años, sea ampliado por 5 veces su extensión sin mediar palabra con el Ayuntamiento”.

La ampliación de 18 a 81 hectáreas ya vigente desde octubre de 2008 afecta a una mayoría de calles cuyas construcciones no tienen más de 10 años en un 90%, “por lo que se produce la paradoja que mientras algunos bloques de pisos del barrio de San Sebastián tienen catalogación monumental y deben protegerse conforme a la ley, monumentos emblemáticos como San Agustín o Santa María necesitan urgentemente fondos para restaurar sus cubiertas, sin embargo Cultura afirma que no tiene fondos”.

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Frente común contra la ampliación de Cultura

La queja entregada en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz “ha sido admitida a trámite”, con lo que el Defensor del Pueblo andaluz se habría comprometido a protagonizar una “mediación especial” ante la Consejería de Cultura, a la que hoy remitirá “un escrito” informando de tal aspecto.

La nueva delimitación supondrá según el consistorio la prohibición de demoliciones, segregaciones, disminución de la edificabilidad, una normativa más estricta para los edificios incluidos en la nueva zona, mayor coste de las obras, y un “grave prejuicio para los propietarios de inmuebles incluidos en la nueva delimitación”, que “daña” al sector de la construcción. Además del retraso en la concesión de licencias, y  del “robo de competencias  -por parte de Cultura- al Ayuntamiento marchenero (…) que ha tenido que recurrir al plazo ordinario de exposición pública y alegaciones para acceder al expediente y para participar en el mismo”.

La iniciativa de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía parte de la declaración formalizada en 1966 en cuanto al Conjunto Histórico-Artístico de Marchena, entendiendo que al limitarse al recinto amurallado no quedaron protegidos “otros sectores que tuvieron su origen en el proceso de morfogénesis de la ciudad durante la conformación de los arrabales históricos”, ámbitos que hoy día “conservan inalteradas las características tipológicas de la trama urbana y suficientes ejemplos del tipo edificatorio de su arquitectura tradicional”.

Insertos en este parcelario de carácter histórico pero “no protegido” en la declaración de Bien de Interés Cultural de 1966, existen “inmuebles de interés histórico, arquitectónico y artístico, destacando las iglesias de San Pedro, San Agustín o la Encarnación, los centros conventuales y un numeroso conjunto de edificios de carácter monumental compuesto por las diferentes muestras de arquitectura palaciega”, por lo que la Dirección General de Bienes Culturales resolvía imponer la protección a “un ámbito de mayor dimensión” a través de este procedimiento.

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Contra tal expectativa, el Ayuntamiento ha formulado alegaciones en forma de 200 páginas de datos, fotos, planos y documentos sobre las bases históricas y legales de la ampliación del conjunto histórico.

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Juan Carlos Romero

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