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Dentro del texto de la denuncia explican que cuando se aprobaron el convenio y el acuerdo de funcionarios se dio cuenta a la Delegación del Gobierno del Estado y a la Junta, quienes no han «recurrido o interesado la suspensión» de estos.

Desde el comité de empresa y la junta de personal de la Diputación de Sevilla, compuestos por los sindicatos UGT, CCOO, USO, Ustea y SAT/SAB, ha denunciado ante la Fiscalía por prevaricación, falsedad documental y amenazas y coacciones al presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; el director general del Área del Empleado Público, Francisco Joya, el secretario general y el interventor de la Diputación, junto a todos aquellos diputados socialistas que apoyaron en el Pleno la suspensión de diversos artículos del convenio colectivo y del acuerdo de funcionarios, tras el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía al respecto.

En el último pleno celebrado el 30 de diciembre se aprobó con el voto del PSOE, la abstención de PP y en contra de Ciudadanos, Participa Sevilla e IU, la suspensión de premios y del modelo retributivo disfrutado hasta ahora por la plantilla, tras el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2012. Los sindicatos han protestado contra los diputados del PSOE tras anularse estos premios y pagos, en la sesión plenaria. Dicho informe, censura aspectos de la institución en materia de transferencias, subvenciones o recursos humanos, que ahora se trata de corregir con una comisión. 

Ante esto, han presentado una denuncia ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que es «absolutamente falso» que se informara a los sindicatos de esta acción.

Dentro del texto de la denuncia explican que cuando se aprobaron el convenio y el acuerdo de funcionarios se dio cuenta a la Delegación del Gobierno del Estado y a la Junta, quienes no han «recurrido o interesado la suspensión» de éstos, además de haber sido aprobados con los informes favorables de la Secretaría General y la Intervención de la Diputación. Además, alegan que entre las funciones de la Cámara de Cuentas no está fiscalizar la estructura retributiva y que el informe es de 2012, «cuando lo que ahora se pretende dejar sin efecto son artículos de 2013-2015».

La Diputación está “abierta” a la negociación

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, ha indicado que a la institución no ha llegado aún ninguna comunicación oficial desde la Fiscalía sobre la presentación de denuncias por parte de las centrales sindicales.

«En la Diputación de Sevilla siempre estamos abiertos a la negociación, lo que no podemos es obviar nuestra obligación y responsabilidad de cumplir con la norma, y en este caso concreto, desde el equipo de gobierno, aunque no sea de nuestro agrado, debemos seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y acatar el informe tanto de la Intervención de Fondos como de la Secretaría General sobre estas recomendaciones de la entidad auditora», concluye.