Destinan 1,45 millones de euros para las obras de rehabilitación que se realizarán entre 2016 y 2017.

La Consejería de Fomento y Vivienda y el Ministerio de Fomento han firmado los convenios que permiten realizar la rehabilitación de las 405 viviendas públicas hasta 2017. Con un presupuesto de 1,45 millones de euros, de los que la Administración autonómica aportará 945.896 euros y el Gobierno central los restantes 509.329.

Las áreas en las que se llevarán a cabo las actuaciones de rehabilitación se localizan en Lora del Río y en Morón de la Frontera. En Lora del Río, la Consejería ha seleccionado 156 inmuebles públicos de la barriada de Las Viñas para ejecutar obras con una inversión inicial de de 725.949 euros; y en el municipio de Morón de la Frontera, los trabajos de mejora están previstos en 249 viviendas públicas de la barriada de El Rancho, con un presupuesto estimado de 729.276 euros.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Juan Borrego, ha destacado que “esta iniciativa responde a la apuesta de la Junta de Andalucía en esta legislatura por la rehabilitación de viviendas y los espacios urbanos” así como para generar “líneas estratégicas para la reconversión del sector de la construcción hacia actividades generadoras de empleo estable”.

Esta iniciativa se incluye en un paquete de actuaciones rubricado para el conjunto de la comunidad que implica desarrollar reformas y mejoras en un total de 5.714 inmuebles públicos, localizados en 20 barriadas y cascos históricos de 15 municipios con un presupuesto global de 49,8 millones de euros. De esa cuantía, la Administración autonómica aportará 32,03 millones, lo que supone un 64,3% de la partida global y el Gobierno central los restantes 17,77 millones, equivalentes a un 35,7%.

Las actuaciones se ejecutarán, entre los ejercicios 2016 y 2017, a través del Programa de Regeneración y Renovación Urbana recogido en el Plan Estatal de Vivienda suscrito entre la Consejería y el Ministerio. Esta línea de intervención posibilitará adecuar edificios y el interior de las viviendas públicas, así como reurbanizar sus espacios comunes y si fuera necesario la demolición de construcciones residenciales degradadas y su posterior sustitución por obra nueva, con el objetivo último de recuperar y mejorar los enclaves urbanos degradados en los cascos históricos y centros urbanos.