La juez que investiga la adjudicación de la explotación de Aznalcóllar al grupo empresarial México Minorbis ya había abierto diligencias contra la empresa.
El juez del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Córdoba ha instado a la ejecución de una sentencia de la Audiencia de Córdoba (ratificada por el Tribunal Supremo) que condena a la empresa Magtel a abonar a dos particulares cordobeses los 696.000 euros no pagados por la empresa por la compra de una finca y a otorgar escritura pública del contrato de compraventa hecho por esta finca, adquirida por Magtel para la puesta en marcha de una central hidroeléctrica.
Transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario de la sentencia, al no haber abonado Magtel la cantidad requerida en el contrato, el Juzgado ha enviado un decreto de embargo de bienes a Magtel para asegurar el cumplimiento del fallo.
El contrato de compraventa entre las dos partes, que los tribunales han ratificado como valido, se sustenta en la adquisición de la finca y los derechos de aprovechamiento para la explotación hidroeléctrica.
Adjudicación en entredicho
Cabe recordar que la juez Patricia Fernández Franco, encargada en el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla de la investigación sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha ordenado abrir nuevas diligencias previas contra el grupo andaluz Magtel, que participa de México Minorbis, por un posible delito de tráfico de influencias, según un auto emitido el 27 de mayo y del que informan agencias.
Según esta información, en su auto, la juez parte de un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, según el cual a raíz de las denuncias promovidas por Emerita-Forbes Manhattan, -la empresa que no resultó adjudicataria del concurso que ganó México Minorbis- trasciende «cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta de Andalucía».
En concreto se detalla que las denuncias de Emerita-Forbes Manhattan apuntan a ayudas por valor de 23,59 millones de euros en favor de Magtel entre 2009 y 2015, así como 28,26 millones de euros «en concepto de préstamos», toda vez que el «entramado societario» del grupo Magtel. También se da cuenta del presunto papel de «mediador» que habría ostentado Andrés Luque García, «haciendo valer los contactos adquiridos durante su etapa profesional en la Administración pública».
Cabe recordar que la juez ya ha solicitado «responsabilidades» a la Directora General de Minas de la Junta después de conocer «graves irregularidades» en la adjudicación de la explotación.