Expertos del Instituto Nacional de Toxicología han encontrado altas concentraciones de materiales tóxicos en las instalaciones mineras de Aznalcóllar.
Técnicos del Instituto Nacional de Toxicología han analizado las antiguas instalaciones mineras de Aznalcóllar, a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla a raíz de las irregularidades de carácter ambiental que ya detectó la UDEF en el marco de la investigación sobre el concurso de adjudicación.
Segun publica ‘El Mundo’, estos técnicos han «encontrado elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas», tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera. Señalan que existen cantidades de arsénico, cinc y plomo en niveles muy superiores a las permitidas y que suponen un serio peligro para el medio ambiente.
Los técnicos en el informe que desgrana el diario, insisten en la necesidad de «control, gestión y depuración» de los residuos líquidos ácidos, que son los que cuentan con «elevadas concentraciones» de metales peligrosos.
El PP pide controles a la Junta
El PP ha exigido este jueves a la Junta que «redoble los controles y extreme todas las medidas de seguridad», porque «prevenir es mejor que curar», tras haber trascendido un informe que alerta de un posible «riesgo desde el punto de vista ecológico y sanitario para el conjunto de la comarca».
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento que recogen agencias, el diputado del PP Jaime Raynaud, ha señalado que esta noticia vuelve a «ensombrecer el panorama sobre el sector minero andaluz, que es prioritario y un elemento dinamizar de la economía andaluza».
Asimismo, ha exigido a la Junta un redoblado esfuerzo en materia de control y de depuración y ser tremendamente «riguroso» con todos los procedimientos. Para el diputado popular, es necesario que los proyectos de Aznalcóllar se aclaren tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista sanitario y ecológico «cuanto antes».
Junta ve «sesgado» el informe
La Junta ha respondido a la información aparecida este miércoles señalando que conclusiones de ese informe «sólo dicen literalmente que ‘los residuos mineros acumulados en las instalaciones, sus lixiviados ácidos con concentraciones de metales peligrosos y las aguas que discurren por las instalaciones, requieren por su elevada peligrosidad un control, gestión y depuración de sus lixiviados, ya que suponen un riesgo muy grave para el medio ambiente».
Según agencias, para el Gobierno andaluz, «la falta de relevancia de los presuntos defectos puestos de manifiesto» en el informe se demuestran por el hecho de que «ninguna autoridad judicial ni policial ha ordenado precinto, clausura o actuación alguna desde que se tomaron las muestras».
Las fuentes consultadas han aludido a que dicho informe de Toxicología es «sesgado», ya que las muestras de suelo «son seleccionadas de unos montones de mineral de baja ley depositados en la escombrera» y han dejado claro que «en los terrenos de la mina de Aznalcóllar no existen vertidos al dominio público hidráulico».
Para la Junta, el informe de Toxicología «sesga varias cuestiones cuando denomina arroyo de la dehesa a una vaguada innominada que fue canalizada hacia una piscina de escorrentías, obra que fue efectuada a través de la Empresa Pública Estatal Tragsa, pero utiliza tal denominación como si se tratara de un vertido a dominio público hidráulico dando sensación de alarmismo, si bien se reconoce que está canalizado y conducido a las balsas de escorrentía».
Asimismo, añade que el informe «obvia o desconoce la autorización de dos organismos del Estado (el IGME y la CHG) para verter el agua a la corta». Han apuntado que «los técnicos de Toxicología de Barcelona ni estuvieron en la mina ni pueden decir que todo el terreno de Aznalcóllar contenga esa cantidad de ‘residuos cancerígenos sin control'».
Así, las fuentes han apuntado que las muestras fueron tomadas el pasado mes de julio «sin presencia de la Junta de Andalucía, que fue informada por el Juzgado de que se iba a realizar una Inspección Ocular, pero en ningún caso, toma de muestras». Han añadido que «la toma de muestras se toma por personal no identificado, y sin la presencia de la Junta».
Asimismo, han recordado que «es la CHG la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero, cuya colaboración fue requerida por el Juzgado el pasado 22 de mayo».