El crimen de Los Galindos cumple cuatro décadas sin identificar a los responsables de las muertes y con el archivo del caso ilocalizable entre Marchena y Sevilla.

El 22 de julio de 1975, cinco personas fueron asesinadas a 50 kilómetros de Sevilla con tres armas diferentes y en lugares distintos de la propiedad.  Hoy, 40 años después, no se conoce ni los responsables de las muertes, ni las causas y, tan siquiera, se sabe dónde está el expediente judicial del caso.

El caso de Los Galindos es uno de los primeros que sale en los libros de la historia negra de España. Un crimen de cinco personas en las postrimerías del franquismo y en un cortijo en un pueblo rural sevillano (Paradas) que rápidamente cobró una trascendencia inaudita por la cantidad de preguntas sin resolver que envuelven el caso.

La  más reciente, ¿dónde está el expediente judicial del caso? Lo cierto es que, tal y como avanzó el programa Los Reporteros, de Canal Sur, actualmente está ilocalizable. Perdido. Aunque la Administración no reconozca este término. Desde sus inicios, el expediente del caso se guardaba en los juzgados de Marchena, partido judicial al que pertenece Paradas. Durante décadas, el paso del tiempo ha ido engordando los tomos, empolvando los folios y desvaneciendo el color de las tintas que intentaban, sin éxito, dar una explicación a las muertes múltiples.

Sin embargo, el lugar no era el indicado. Los juzgados de Marchena sufrieron, como muchos otros juzgados andaluces, las consecuencias del paso del tiempo y de la falta de inversiones para su mantenimiento. Hasta tal punto que en 2014, a raíz de la denuncia publicada en Arahal Información sobre el estado de los juzgados, muchos expedientes, entre los que se encontraba el correspondiente a Los Galindos, se trasladó a Sevilla.

La Consejería de Justicia e Interior señala que, en dicho traslado, se movieron 1.045 cajas de archivos, 109 legajos y tres libros registros sueltos, que se depositaron en el Archivo Judicial Territorial de Sevilla (Sede Prado) donde actualmente se encuentran en custodia en su integridad, “sin ningún tipo de pérdida en el material”.

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Aseguran que el traslado se realizó de urgencia (por caída en el techo del juzgado), y se llevó a cabo respetando la descripción que el juzgado facilitó (descripción en el lomo de las cajas). Pero reconocen que, debido precisamente a esa urgencia, el traslado no se realizó expediente a expediente por lo que estas fuentes admiten que “resulta complicado determinar su ubicación en el conjunto de la documentación trasladada”.

Pese a afirmar que no ha existido ninguna pérdida, desde Justicia reconocen que el expediente del caso no está localizado y que actualmente “se está realizando una búsqueda del expediente”. En la Consejería apuntan que de no estar en la documentación procedente del traslado, puede también estar en los juzgados de Marchena.

Sin embargo, fuentes del juzgado de Marchena, señalan que en 2014 la Junta trasladó todos los expedientes antiguos, incluido el correspondiente al crimen de Los Galindos, aunque no descartan que pudieran quedarse algunos archivos en las dependencias marcheneras.

Sea como fuere, 40 años después de las cinco muertes las preguntas siguen produciéndose en torno a Los Galindos.  La respuesta sobre dónde está el expediente del caso hay que buscarla no tanto en el misterio, como el dejadez institucional y la falta de recursos del juzgado marchenero, que han abierto una nueva página negra en un caso ya prescrito pero que siempre pertenecerá a la historia negra de este país.

Los Galindos, 40 años sin culpables

Este miércoles se cumplen 40 años desde que sucediera el quíntuple asesinato de los Galindo en una finca en el municipio de Paradas. Un caso sin resolver prescrito desde 1995 y en el que, desde 1983 siguiendo la línea de investigación del forense Luis Frontela, no se ha vuelto a aportar nueva información en la investigación de un sumario que ocupa 1.500 páginas.

El 22 de julio de 1975 fueron asesinadas en el cortijo propiedad del Marqués de Grañina, ubicado a escasos cuatro kilómetros del pueblo, cinco personas: el capataz, Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, y su esposa, Juana Martín Macías, de 53 años; el tractorista José González Jiménez (o Simón), de 27 años, y su esposa, Asunción Peralta Montero, de 34 años; y el tractorista eventual, Ramón Parrilla González, de 40 años (estos tres últimos naturales del pueblo).

El capataz de la finca, Manuel Zapata, fue el primero en ser asesinado según la investigación, seguido por su esposa Juana Martín, ambos muertos por fuertes golpes con el mismo objeto contundente. El testigo y tractorista Ramón Parrilla, fue tiroteado en tercer lugar, y, por último, el maquinista José González, y su esposa Asunción Peralta, fueron los últimos en aparecer carbonizados.

Los informes policiales, incluyendo el de la Policía Nacional, inculparon a José González, por actuar por resentimiento, y descartaron las sospechas hacia el marqués. En cambio, el informe forense de Frontela, tras la exhumación de los cadáveres quemados, reveló que también habían sido descuartizados, por lo que sus sospechas apuntaron a que el crimen tuvo que ser cometido por dos personas.

Cuando el caso se trasladó de juez, el magistrado Antonio Moreno Andrade reconoció que «personas influyentes habían ayudado a parar el caso». En este punto, el juez dirigía sus miradas hacia el dueño de la finca, el marqués y militar Gonzalo Fernández de Córdoba, y al administrador, el ex militar Antonio Gutiérrez.

El juez señaló en su momento que el marqués se había reunido con el gobernador militar de Sevilla en esas fechas para pedirle «que cesara o se limitara a sus justos términos el cerco y las molestias a las que estaba sometido por las primeras investigaciones del quíntuple asesinato». Sin embargo, jamás se encontraron pruebas suficientes como para iniciar una investigación en su contra.

Manuel Toro, abogado de la familia González, Joaquín Torres ex juez de Paz de Paradas, y el médico forense Luis Frontela narran en el reportaje de Los Reporteros de Canal Sur (emitido el pasado sábado) cómo trascendieron los hechos desde el momento en que localizaron el primer cadáver en la finca. Los tres, en especial, Manuel Toro, denuncian la negligencia de la custodia policial.

Independientemente de que no se tuviera noticia de lo acontecido hasta las ocho de la tarde del crimen cometido al mediodía, y de que, por aquel entonces, el cadáver  de Manuel Zapata no había aparecido, no acordonaron la zona y decenas de vecinos curiosearon por la finca. Los periodistas alteraron a su vez la escena del crimen para sus fotografías. Así mismo, Fernández, pasó la noche en la finca. Por tanto, las pruebas fueron fácilmente contaminadas.

Joaquín Torres habló del “desfalco crónico de productos agrarios” que se recolectaban en la finca, evitando degradar al Estado cientos de miles de kilos de trigo, como posible móvil. Por su parte, Manuel Toro apuntó al crecimiento económico que percibió la finca tras la separación de Fernández con su esposa Mercedes Sesgado. No obstante, las únicas pistas visibles se percibieron en el coche que salió a alta velocidad de la finca la misma tarde del crimen y en el soldado que encontraron e interrogaron en 1988 tras la confesión en el lecho de muerte del vecino que lo visualizó contando billetes ensangrentados ese mismo día.

One reply on “¿Dónde está el expediente del caso de Los Galindos?”

  1. Esta claro que fue el administrador el autor, Junto con otro, de los asesinatos. El fue quien dio a Fenet 500.000 pesetas de entonces, estuvo ese día por la mañana cuando solo acudía a la finca los sábados, nadie cierra con candado una dependencia de la finca si no la conoce antes, el parabrisas del coche tenía salpicaduras que bien pudieron analizarla y finalmente se halló una huella en la cinta de la escopeta que tras analizarla coincidía con la del administrador según un destacado criminólogo. La verdad es que se podía completar todos estos datos y llegar a esta conclusión a pesar de que los crímenes hayan prescritos.

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