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Refuerzan los controles sobre los aparatos de calefacción

La tensión y la potencia son algunos de los aspectos que se examinan en la campaña de ámbito provincial.

El servicio provincial de Consumo de la Delegación del Gobierno en Sevilla está realizando una campaña para controlar los aparatos de calefacción que se comercializan en la provincia. Con tal motivo, desde el pasado 19 de enero y hasta el próximo día 30, inspectores de la Junta tienen previsto visitar un centenar de establecimientos.

Con esta campaña la Junta refuerza y aumenta las actuaciones ante los últimos accidentes domésticos ocurridos en la provincia provocados por aparatos de calefacción.

Para ello, se realizan visitas a mayoristas e importadores de la provincia y a todos los mayoristas conocidos de pequeños electrodomésticos de Sevilla, comprobando que disponen de la información adecuada y que su etiquetado es correcto. En especial, se vigilan los productos de este tipo que se venden en bazares, además de informar a los ayuntamientos de municipios para que, en el marco de sus competencias, controlen igualmente la venta ambulante de estos aparatos.

Las inspecciones se centran en el examen de las instrucciones y del etiquetado para ver si son correctas y están completas, además de comprobar que el producto lleva la marca CE, que indica el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea. La tensión o el rango de tensiones asignadas indicadas en voltios, la potencia expresada en vatios, el modelo o la referencia de tipo son otros aspectos que se comprueban.

Si se detectan productos que pudieran resultar peligrosos, se inmovilizan o se adoptan medidas provisionales requiriéndose la correspondiente factura o documento que acredite su procedencia para determinar el posible ámbito de su comercialización.

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Asimismo, en este caso se requerirá el listado de clientes a los que se ha vendido el producto y se inician los correspondientes expedientes de procedimientos de medidas preventivas no sancionadoras, con objeto de salvaguardar la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

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