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Alude al resultado de la investigación practicada y habla de “indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados y de la persona aforada”. Rechaza asimismo todos los recursos de los imputados.

El Ministerio Fiscal impugna los seis recursos formulados por el delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona; el delegado de Medio Ambiente, Juan Campos; y la actual delegada de Cultura -antes responsable de Medio Ambiente en el Consistorio-, Mercedes Fuentes; entre otros ediles, contra el auto del 30 de abril de 2014 que acuerda la inhibición a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del conocido como ‘caso Tomares’.

De esta manera, y en el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Sevilla Actualidad, se apunta a que “en lo que se refiere a las imputaciones, (…) obedecen al resultado de la investigación practicada, resultando indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados”.

“El auto objeto de recurso es conforme a Derecho, su dictado tiene lugar después de una investigación minuciosa y detallada”, dice el Fiscal, que añade que “en él se realiza una exposición razonada de los hechos (que si a alguno de los recurrentes le resulta complejo, no en vano dicha complejidad deriva de las propias características de los hechos)”.

“En el auto se expresan los indicios razonables de participación de los imputados en dichos hechos y de la persona aforada que determina la inhibición al Tribunal Supremo”, añade, al tiempo que concluye en que “los hechos relatados son constitutivos de delito y se individualizan las conductas de unos y otros”.

Cabe recordarse que, en el auto del 30 de abril, la juez de instrucción del juzgado número 8 de Sevilla que investigaba la presunta contratación irregular de un concejal como asesor del Ayuntamiento de Tomares se inhibía y enviaba el caso al Tribunal Supremo, al afectar a José Luis Sanz, alcalde de Tomares y aforado por su condición de senador. De esta forma, el Alto Tribunal será el que asuma la investigación, teniendo que resolver la participación de Sanz en el caso.

‘Caso Tomares’

La Fiscalía de Sevilla interpuso en noviembre de 2013 una denuncia penal por los delitos de malversación y prevaricación contra tres miembros del Gobierno municipal de José Luis Sanz, alcalde de Tomares. En ella, la Fiscalía pedía imputar al delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, el delegado de Medio Ambiente, Juan Campos y la actual delegada de Cultura -antes responsable de Medio Ambiente en el Consistorio- Mercedes Fuentes, en relación a las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del delegado Juan Campos como asesor del Gobierno de Sanz en el anterior mandato.

La Fiscalía apuntaba, de este modo, a Eloy Carmona, persona de máxima confianza de José Luis Sanz, alcalde de Tomares y secretario general del PP andaluz. Era la primera vez que el caso de las presuntas facturas falsas en Tomares salpicaba a un alto cargo del PP, ya que Eloy Carmona, junto a su cargo de delegado en el Ayuntamiento tomareño, es secretario general del PP de Sevilla y portavoz del PP en el Diputación de Sevilla.

El pasado mes de junio, el concejal del PA en el Ayuntamiento tomareño, Alberto Mercado, y la concejal de IU, Valme Sánchez, denunciaron ante la Fiscalía la contratación del delegado de Medioambiente en el Consistorio de Tomares por presuntas irregularidades. Durante el anterior mandato, Juan Campos firmó un contrato de asesoramiento con el alcalde, José Luis Sanz, que tenía “como objeto la inspección de los servicios de Limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras”.

Dicho contrato fijaba que los trabajos se prestarían desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008, sin posibilidad de prórroga dado que la Ley la prohíbe expresamente. En el mismo se fijaban unos honorarios de 975 euros al mes, más 150 euros “por la elaboración de informes o dictámenes de especial complejidad”.

Sin embargo, los concejales de la oposición alertaron de que muchos de los informes constaban tan solo de una línea, que, a juicio del edil andalucista, «carecen del rigor técnico que motivaría que se estén pagando más de trescientos euros de media por escrito». Asimismo, en su denuncia Mercado recoge que «pese a que el contrato fijaba la finalización del servicio en septiembre de 2008 el concejal de Medio Ambiente siguió pasando facturas hasta más de un año después, sin contrato que obre en el expediente, al margen de la Ley y con el pleno conocimiento y consentimiento del alcalde de Tomares».

Del mismo modo, Mercado también denunció ante la Fiscalía el informe que respaldaba la legalidad en la contratación del delegado de Medioambiente. Este informe, firmado por el delegado de Presidencia, Eloy Carmona, el alcalde, José Luis Sanz, y el vicesecretario interventor, porque, según constató el edil «habla de partidas que son ficticias y no existen en el presupuesto» y «fue realizado ocho meses después de la firma del contrato».

Tras las «diligencias que se han estimado oportunas para verificar la realidad de los hechos», la Fiscalía vió indicios de presunta malversación y prevaricación en la actividad de Carmona, Campos y Fuentes, al tiempo que pedía al juez instructor «tomar las declaraciones judiciales procedentes en calidad de imputados a fin de que siga el procedimiento judicial pertinente».

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Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, empezó en la comunicación local y actualmente trabaja para laSexta. Máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, es miembro...