Sin acuerdo en el ERE de la Base de Morón

La delegada del Gobierno en Andalucía apuesta por aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que el Gobierno central “no se olvida” de los trabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera y ha asegurado que el Ministerio de Defensa “ha realizado y realiza gestiones a todos los niveles con la Administración norteamericana” para que se resuelva la situación de manera favorable, tras el anuncio de un ERE por parte de la empresa VBR.

La delegada del Gobierno ha recordado que, aunque el Ministerio de Defensa no tiene posibilidad de intervenir en las decisiones autónomas de una empresa privada como es Vinnell-Brown and Root Spain (VBR), que trabaja para la fuerza aérea de Estados Unidos, “el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se comprometió en junio pasado a seguir de cerca la evolución de todos los aspectos vinculados con este asunto y expresó su máximo interés en que se alcanzaran acuerdos satisfactorios con la empresa”.

Desde ese momento, según ha explicado la delegada, “se han realizado gestiones a todos los niveles para contribuir a que la situación se resuelva de manera favorable para los trabajadores” y, de hecho, “de los 150 despidos previstos inicialmente, según fuentes sindicales, la empresa VBR ha pasado a proponer de principio 55, un tercio de la intención inicial”, ha señalado Crespo. La delegada también ha recordado que el secretario la Navy y número dos de la Secretaría Estado de Defensa de EE.UU, Ray Mabus, estuvo el pasado fin de semana en Málaga para asistir al foro hispanoamericano y fue recibido por el ministro Morenés.

Crespo ha dicho “confíar” en que, con la colaboración de todos, “los trabajadores de la base de Morón no se vean sometidos a un ERE como el que sufrieron en la anterior legislatura, en el año 2010, cuando el Gobierno de José Luís Rodriguez Zapatero fue incapaz de paralizar el despido de 119 trabajadores” y ha hecho un llamamiento para que “ningún responsable institucional utilice la difícil situación de estos trabajadores como arma de confrontación”.

“Aunque las instituciones españolas no tienen posibilidad de intervenir en las decisiones autónomas de una empresa privada no vamos a cejar en el esfuerzo para que la situación se resuelva favorablemente y nos gustaría que otras administraciones sigan este ejemplo para obtener entre todos los resultados deseados”, ha concluido Crespo.