Otro detenido por la oleada de robos en Estepa
Una protesta por la oleada de robos en Estepa acaba con seis viviendas dañadas
El Ayuntamiento asegura que ha iniciado procedimientos con instituciones para resolver los robos que han afectado a este municipio en las últimas semanas.
Vuelta la calma a la localidad sevillana de Estepa el Ayuntamiento ha decidido hacer balance y explicar a los vecinos cual ha sido la actuación del consistorio frente a los robos que de manera sistemática se venían produciendo y que desembocaron en revueltas vecinales contra el clan ‘Los Chorizos’.
El Ayuntamiento de Estepa ha asegurado que “ha convocado en varias ocasiones durante este último año la Junta Municipal de Seguridad” y que el pasado 8 de octubre de 2013 se produjo una reunión monográfica sobre la barriada de los Poetas, donde se trataron temas como la usurpación de viviendas, robos, amenazas, tráfico de drogas de baja intensidad y daños a vehículos”. Tras lo cual el Ayuntamiento decidió aumentar la presencia de la Policía Local en la zona, tramitando 44 denuncias por robo a la Guardia Civil y al Juzgado desde el pasado octubre de 2013”.
Según los datos que manejan los sindicatos policiales y los datos oficiales de la Subdelegación de Gobierno “la dotación de Guardia Civil en Estepa y su Comarca es insuficiente y aumentarla ha sido nuestra preocupación desde el principio de nuestro mandato”, ha asegurado el Ayuntamiento.
A la vista de los últimos acontecimientos producidos en Estepa el Consistorio solicitó al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía una reunión para exigir un refuerzo de los juzgados de Estepa. “Hay un alto número de causas judiciales pendientes que, de haberse resuelto, habrían evitado la sensación de impunidad que muchos vecinos han advertido”.
Vivienda
El Ayuntamiento desalojó mediante un lanzamiento judicial a los ocupantes de las Casas de los Maestros, en la calle Carlos Llamas y Plaza Dolores Flores, así como a una familia que residía de forma ilegal en la casa del conserje de los antiguos colegios de Carranza. Una vez desalojados los ocupas, se procedió al derribo de dicho inmueble, que estaba en ruinas, para evitar futuras ocupaciones.
Con respecto a las viviendas ocupadas propiedad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha instado en repetidas ocasiones a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a que emprendieran las acciones legales pertinentes para desalojar a las familias que han ocupado las viviendas de forma ilegal.
“La Consejería de Vivienda de la Junta ha hecho oídos sordos a nuestras reiteradas peticiones. Incluso a las formuladas junto a varios vecinos de Estepa, que acudieron con el alcalde a una reunión para expresar el malestar que la ocupación de las viviendas de la Junta ocasionaba a los vecinos”, aseguran desde el Ayuntamiento de Estepa
En cuanto a las entidades bancarias que tienen en propiedad viviendas ocupadas, el Ayuntamiento ha instado a que se denuncie para iniciar el proceso de desalojo. Estas denuncias, presentadas tarde, se encuentran en el Juzgado sin que de momento se hayan resuelto.
Ante las peticiones de realojo de estas familias, el Ayuntamiento informa que hay 93 demandantes de vivienda pública en régimen de alquiler en la lista de espera de Sodestepa y que las viviendas se irán entregando, siempre que haya posibilidad, por riguroso orden de lista.
Educación y Asuntos sociales
El Ayuntamiento, a través de la Comisión de Absentismo Escolar, “está en colaboración con otras administraciones competentes para seguir los protocolos de atención pertinentes” y a través de Servicios Sociales Comunitarios, “está en coordinación con las administraciones pertinentes que son las competentes en esta materia”.
Por otra parte, ante los hechos ocurridos, el Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido un escrito al Ayuntamiento solicitando un informe de los hechos que han provocado los incidentes.
“No existen estepeños racistas o xenófobos como algunos medios tratan demostrar, simplemente hay un problema de inseguridad que los responsables de los Cuerpos de Seguridad del Estado y los responsables de la administración de justicia están siendo incapaces de solventar”, ha concluido el Defensor del Pueblo Andaluz.