Sánchez Gordillo y Cañamero, a juicio por la ocupación de la finca ‘Las Turquillas’
Gordillo: «No hubo ningún desafío al Tribunal, confiamos en la justicia»
El TSJA ha condenado a siete meses de cárcel al alcalde de Marinaleda y al secretario general del SAT.
Además del parlamentario andaluz de IU y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, otras dos personas más han sido condenadas por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ‘Las Turquillas’ en Osuna, donde se encuentra la Yeguada Militar del ejército.
En el auto, el TSJA les atribuye un delito de desobediencia grave a la autoridad y los condena al pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación. Por otro lado, los absuelve del delito de daños que solicitaba para ellos la acusación particular. El resto de los acusados, militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han sido absueltos.
Asimismo, deberán hacer frente al pago solidario de una indemnización, con la responsabilidad civil subsidiaria del SAT, al Ministerio de Defensa de 485,84 euros por los daños y perjuicios, además de otros 274,76 por los gastos de limpieza de la zona de acampada en la que permanecieron durante la ocupación.
Diego Cañamero: “Se nos condena por reivindicar lo que los parlamentos aprobaron”
Por un solo voto de diferencia el PP, ahora en el gobierno, hizo aprobar una moción en el Senado en la que pedía al Gobierno de Zapatero que cediera la totalidad de Las Turquillas al Ayuntamiento de Osuna. Fue el 10 de febrero de 2010. También en el Parlamento Andaluz, en Diputación de Sevilla, en los plenos de los Ayuntamientos de Osuna y Lantejuela se aprobaron mociones exigiendo el uso social de la finca.
El 10 de febrero de 2010, el PP presentó y aprobó en la Comisión de Defensa del Senado una moción en la que pedía al Ministerio de Defensa que cediera “la totalidad de la finca para los objetivos laborales y sociales previstos por el Ayuntamiento de Osuna a fin de combatir la alta tasa de paro que sufre la comarca”.
En la defensa de la moción el senador del PP, Miguel Arauz dijo que Las Turquillas “sólo da trabajo a 10 ó 12 personas cuando, de acuerdo con los planes municipales, se podrían crear 800 puestos de trabajo”. Y rubricó su intervención denunciando el uso de “uno de los grandes latifundios de Andalucía en manos del Estado, básicamente, para cobrar las subvenciones de la Política Agraria Común, la PAC”.
Mociones parecidas se aprobaron por unanimidad en la cámara andaluza, en Diputación de Sevilla y en los Ayuntamientos de la comarca, todas ellas por unanimidad.
A este respecto, Diego Cañamero manifestó que “el PP, ahora en el Gobierno, nos dio la razón en 2010. Ahora nos reprime. Se nos condena por reivindicar lo que los parlamentos aprobaron. No es justo ni democrático. Se pretende, una vez más, criminalizar la protesta pacífica y la ley de seguridad ciudadana que promueve el PP es una demostración de esto. ¿Se pretende legalizar un estado policial? ¿Se pretende callar la voz de la calle? ¿Se pretende reducir la democracia a votar cada cuatro años? ¿No tiene importancia lo que se vota en los parlamentos? Da la impresión que estamos ante una sentencia política dictada de antemano”.
IU rechaza la sentencia
Nada más conocerse la sentencia, IU ha mostrado su “rechazo” asegurando que se trata de “una sentencia profundamente injusta producto de la persecución a aquellos que reivindican un uso social de la tierra pública, como es el caso de la finca Las Turquillas, propiedad del Estado y cedida al Ministerio de Defensa que la mantiene infrautilizada”.
Así, desde el partido han trasladado su “solidaridad con los compañeros del SAT y de IU condenados en una estrategia de represión que busca criminalizar a los movimientos sociales que defienden los derechos de los trabajadores, que son los que están soportando sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis económica”.