Una protesta por la oleada de robos en Estepa acaba con seis viviendas dañadas
El Ayuntamiento de Estepa pide calma a los vecinos
El ‘thriller’ en Estepa continúa. La Guardia Civil ha detenido a tres miembros de una familia a los que los vecinos acusan de numerosos robos en la localidad.
Los agentes sorprendieron a los detenidos cuando viajaban en una furgoneta en la que viajaban una decena de personas con varios objetos robados. La detención se produjo este domingo en las inmediaciones de la barriada Los Pajaritos de Sevilla, lugar al que tenían previsto llegar procedentes de Puente Genil, una localidad cordobesa próxima a Estepa.
El pasado sábado, entre 300 y 400 vecinos de Estepa se concentraron de forma no autorizada para protestar contra la oleada de robos que habían sufrido la localidad lo que derivó en la quema de al menos seis viviendas del clan.
El alcalde de Estepa, Miguel Fernández Baena, ha llamado a los vecinos «a la calma» y ha expresado «su sorpresa» por los incidentes registrados «por parte de una minoría de vecinos» durante el sábado, y ha solicitado no caer en «la tentación del ojo por ojo».
Unión Romaní rechaza los incidentes
Por su parte, el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, ha asegurado que “ni se puede justificar que unos delincuentes, sean payos o gitanos, se dediquen a robar y a sembrar el miedo y la inquietud en una pacífica comunidad de vecinos, como tampoco se puede justificar que más de 400 personas se manifiesten de forma ilegal ante las viviendas ocupadas por los sospechosos, entren en las mismas, las destrocen, se conviertan ellos mismos en ladrones de los enseres que había en su interior y posteriormente les prendan fuego a las casas. Ni una cosa ni la otra son de recibo”.
A través de un comunicado, Ramírez insiste en que “tan inocentes son de ser ladrones los sospechosos, mientras que no caiga sobre ellos una sentencia, como inocentes lo son igualmente los asaltantes de las viviendas y los pirómanos que les metieron fuego mientras no se les identifique fehacientemente y sean igualmente condenados por los tribunales”.
“Nadie puede tomarse la justicia por su mano. Hacerlo así supondría entrar en una espiral de terror y de venganza. Tan condenables son los robos denunciados como la violencia desatada por los justicieros que, amparados en la masa, entraron en las viviendas, las saquearon y les prendieron fuego. Solo la ley debe imperar en estos conflictos y solo el Estado tiene el poder y la legitimidad para actuar con violencia contra los transgresores de la Ley”, añade.
“¿Qué parte de culpa o responsabilidad tienen las autoridades, especialmente las responsables de guardar el orden público, en consentir que las cosas hayan llegado a este extremo? ¿Por qué no han actuado con eficacia desde el primer momento en que se formuló una denuncia por robo? ¿Acaso no es la principal obligación de las autoridades municipales velar por que no se rompa la concordia y la convivencia entre los vecinos?”, se pregunta.
“¿Por qué ha de pagar toda una comunidad, formada por más de 700.000 personas en España, los posibles delitos cometidos por cualquiera de sus miembros?”, concluye.