Compraban los cachorros en Eslovaquia por unos 30 euros cada uno y los vendían en España, por internet, por una media 300 euros y con documentación falsa.
Agentes del servicio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla han imputado a cinco personas como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental, estafa y contra la protección de los animales domésticos, tras traficar ilegalmente con cachorros procedentes de Eslovaquia.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el Seprona, en el marco de la operación ‘Puppy’, comenzó a investigar las causas del elevado número de cachorros fallecidos y/o enfermos de patologías graves, tales como parvovirus o moquillo canino.
Estos cachorros perjudicados son comercializados por una empresa de venta y peluquería canina que se encuentra situada en un polígono industrial de Guillena. Para la comprobación de los hechos, los agentes realizaron una minuciosa inspección de las instalaciones, coincidiendo con una recepción de cachorros procedentes de Eslovaquia.
Se trata de crías de razas diminutas como Bichon Maltés, Pinscher Alemán, Yorkshire o White terrier, entre otros. Los veterinarios que han acompañado a la Guardia Civil en la inspección han certificado que todas las crías tienen menos de tres meses, edad mínima para la entrada legal en territorio español de cachorros con fines comerciales.
Durante la inspección, se les extrajo sangre de forma aleatoria a los cachorros, comprobándose que, al menos, un 50 por ciento no tienen anticuerpos contra la rabia, lo que indica que no han sido debidamente vacunados.
Como consecuencia, los cachorros han sido puestos en cuarentena y atendidos de forma cautelar por personal técnico en los Servicios de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, aunque más de la mitad han fallecido por enfermedad.
El ‘modus operandi’ empleado por la empresa investigada, como ha llegado a constatar la Guardia Civil, era la adquisición de las crías desde Eslovaquia por un precio de solo 30 euros por cachorro, sin importarle las condiciones de salud, ni la edad de los mismos.
Posteriormente, los animales de compañía eran vendidos por internet, por una media de 300 euros por animal, amparados en una documentación falseada -certificados comunitarios, pasaportes, microchips y vacunas-.
Asimismo, para dar mayor apariencia y cobertura legal, la empresa contaba con la colaboración de un veterinario titular de una clínica.
A esta persona se le ha intervenido más de dos centenares de dosis de vacunas sin administrar, pero a las que les faltaban las pegatinas que se colocan en los documentos, de modo que los animales no habían sido vacunados, aunque las pegatinas se las habían colocado en sus documentos.