La oficina atiende también consultas sobre participaciones preferentes, pensiones, acciones u otros préstamos.
El Servicio de Atención al Ciudadano de La Rinconada habilitó una oficina el pasado 1 de diciembre de 2012 para asesorar jurídicamente, de forma gratuita, a los vecinos de la localidad, prioritariamente en los trámites para evitar el desahucio de su vivienda. En aquel momento, se trataba de un servicio pionero en la provincia que, con el paso del tiempo, otras administraciones locales también han puesto en marcha.
Desde entonces, y hasta el pasado uno de junio, fecha del último balance realizado, el número de personas que se habían beneficiado del servicio en La Rinconada era cercano a 1.200 personas.
El asesoramiento pronto trascendió de lo referente a las distintas etapas que conforman el proceso para un desahucio y se extendió a la demanda de información y negociación para la retirada de las cláusulas suelo de las viviendas, acerca de las que se han atendido un total de 486 demandas, de las que 396 se encuentran a la espera de resolución en el Banco de España y las restantes han implicado un acuerdo entre la entidad bancaria y el suscriptor de la hipoteca.
Igualmente, los técnicos encargados del servicio han ayudado a la ciudadanía con temas como las participaciones preferentes, herencias, plusvalías, gestión de impuestos, pensiones, acciones o préstamos de cualquier índole diferentes al hipotecario.
Durante todo este tiempo, el personal de la oficina, cualificado en materia jurídica y económica, ha resuelto dudas que van desde el asesoramiento para conseguir las condiciones que mejor se ajusten al perfil del contratante de una hipoteca, a si tiene problemas con su hipoteca porque no puede pagar el préstamo, o si la entidad financiera con la que tiene el préstamo ha puesto en marcha el procedimiento judicial de desahucio, si quiere ejercitar la dación en pago, o si la situación familiar es de grave riesgo de exclusión social, entendiéndose por ello, en sus diversos grados y situaciones, la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado que le imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales, entre otras cuestiones.