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El Gobierno recurre al TC la reapertura de la mina

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La Junta no ve razonable que el Gobierno recurra la apertura de la mina de Aznalcóllar

Junta y Gobierno central se sientan este jueves a la mesa para tratar la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. La reunión llega después de que el Estado haya recurrido ante el TC el decreto andaluz que la regula.

El encuentro se producirá, según han confirmado fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a las 12:00 horas de este jueves 20 de marzo en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La reunión llega después de que la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, confirmara este martes que el Estado registrará el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta que regula la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Crespo ha celebrado una reunión con el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de CCOO en la provincia de Sevilla, Alfonso Vidán, a cuenta de la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Ley promovido por la Junta de Andalucía con «los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar».

El decreto Ley de la Junta de Andalucía argumenta la apertura de la mina por el «problema estructural del desempleo» en la comunidad y ensalza la necesidad de «aprovechar las reservas de la mina de Aznalcóllar» como «fuente de empleo y de riqueza». Por su parte, Carmen Crespo ha defendido que el Ejecutivo andaluz ha «vulnerado las competencias estatales» con este decreto Ley.

Según la Ley de Minas de 1973 y dos reales decretos Ley de 1981 y 1982 «dicen que la Junta debería haber informado al Estado con carácter previo» a promover esta iniciativa y que «la reserva de suelo para la minería es una competencia estatal».

«No hay más remedio que hacer este recurso», ha afirmado la delegada del Gobierno en Andalucía, y ha precisado que el decreto andaluz no cuenta con las debidas «garantías» jurídicas por los motivos ya descritos y, a tal efecto, es susceptible de ser recurrido «por terceros» ocasionando «un importante conflicto jurídico» y un «callejón sin salida» para este proyecto.

Esta mina fue clausurada en 1998 después de que la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar.

“Ningún problema formal”

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya garantizó que el Ejecutivo andaluz no va a poner «ningún problema formal» para alcanzar un acuerdo que permita evitar retrasos en la reapertura de la mina de Aznalcóllar y dejó claro que «si al final lo que plantea el Gobierno es que debe ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar» sin esgrimir que el Estatuto de Autonomía «avala nuestra decisión, que podría hacerlo porque mi prioridad son más de 1.300 familias que no pueden tener la inseguridad de que una salida inmediata al mercado laboral se va a ver interrumpida por un problema de formalismos entre dos gobiernos».

Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo andaluz pidió que «cuanto antes el Gobierno de España se sentara a hablar con la Junta para buscar una solución» y confió en que el conflicto pueda quedar «resuelto en esta misma semana» con una solución «que no suponga un retraso» en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que afecta a más de 1.300 familias de la comarca.

«El ministro Montoro me planteaba que era un problema de competencias, pero con 1.300 puestos de trabajo en riesgo no hay competencias ni discusiones formales entre gobiernos que valgan», ha subrayado la presidenta de la Junta, que dejó claro que «si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar».

Por su parte, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos sevillanos de Aznalcóllar, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Ronquillo y El Madroño, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero Metalúrgicas, Auxiliares (Aminer) y las organizaciones sindicales UGT y CCOO instaron este pasado lunes al Gobierno central a no presentar el recurso de inconstitucionalidad ante la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), lo que paralizaría el concurso internacional y conllevaría «nefastas» consecuencias para el empleo y la inversión.

Así lo señalaron en una declaración conjunta dada a conocer en rueda de prensa tras mantener una reunión para analizar la situación generada después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizase la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley andaluz que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

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