Asamblea

Los acreedores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y su sociedad Gesalquivir han constituido en la localidad de Lebrija una Plataforma de afectados para reclamar las deudas pendientes.

Esta plataforma se configura como una asociación sin ánimo de lucro integrada por trabajadores, autónomos y empresas de la comarca y de otras poblaciones afectados por los impagos de Gesalquivir y la Mancomunidad.

En una nota, este colectivo que cuenta con un centenar de asociados ha explicado que tiene la finalidad de promover las “acciones necesarias encaminadas a cobrar la deuda que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y su sociedad instrumental Gesalquivir S.A mantienen con sus trabajadores y sus proveedores (tanto autónomos como empresas) así como, en última instancia, para reclamar esta deuda a los once Ayuntamientos mancomunados”, El Coronil, Los Molares, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de Sevilla, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota, “responsables últimos de dicha deuda tal y como se recoge en los propios Estatutos de la Mancomunidad, actualmente en proceso de disolución”.

Para la consecución de su finalidad, desde la plataforma se desarrollarán, entre otras, actividades de negociación con la Administración del Estado, con la Junta de Andalucía, con las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Cádiz, y con los propios Ayuntamientos deudores, para que den una pronta solución a un problema “creado por una Administración Pública como es la Mancomunidad y, en consecuencia, para que sus responsables políticos asuman su responsabilidad en el pago de la deuda”.

Asimismo, se llevarán a cabo acciones reivindicativas encaminadas a exigir el abono de dicha deuda, además del cumplimiento de las sentencias condenatorias firmes que los Tribunales de Justicia vienen dictando a favor de los trabajadores y proveedores.

Del mismo modo, desde este colectivo también se emprenderán acciones judiciales ante los Tribunales de Justicia para dirimir las presuntas responsabilidades penales y/o civiles de los responsables políticos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

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